El juzgado séptimo de distrito en Tamaulipas negó la suspensión definitiva al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca contra el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien ordenó a las instituciones financieras suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones y servicios.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sí analizará la constitucionalidad del desafuero de García Cabeza de Vaca, luego de dar la razón a la Fiscalía General de la República (FGR), quien promovió un recurso en contra de la decisión original de uno de los ministros, que había desechado el asunto.
Por lo que respecta al resolutivo judicial, la UIF, a cargo de Santiago Nieto, acreditó que el bloqueo derivó de una solicitud que realizó el 4 de mayo de este año el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera (Departamento de Justicia de Estados Unidos)”.
Al emitir el fallo, el juez Héctor Gastón Solórzano Valenzuela argumentó que concederle la medida cautelar a Cabeza de Vaca contravendría disposiciones de orden público, ya que el bloqueo, inmovilización o suspensión se emitió con base en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero.
Por separado, el juzgado octavo de distrito en Tamaulipas ordenó a la UIF levantar el congelamiento de las cuentas bancarias de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita a favor de García Cabeza de Vaca. Reséndez Cantú, detenido el pasado primero de julio, promovió el recurso el 11 de junio para impugnar el bloqueo de las cuentas existentes en Santander, Banregio y Banamex.
Por separado y en votación dividida de tres contra dos, los integrantes de la primera sala de la SCJN aprobaron la propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien señaló que es preciso que el máximo tribunal emita un criterio respecto de los alcances del artículo 111 de la Constitución, donde se establece el proceso para un desafuero.
En favor de la propuesta votaron los ministros Piña, Alfredo Gutiérrez y Margarita Ríos; en contra Juan Luis González y Mario Pardo.
Esta controversia fue desechada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con el argumento de que no se afectó la esfera de atribuciones del Legislativo estatal, pues a final de cuentas sus integrantes decidieron no retirar el fuero de García Cabeza de Vaca. El desechamiento fue combatido por la FGR con un recurso de revisión.
