Los pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) pagan por los estudios de imagen (tomografía y resonancia magnética), a pesar de que el gobierno federal determinó la gratuidad de los servicios de hospitalización, consulta, procedimientos médicos y estudios auxiliares de diagnóstico, a partir del primero de diciembre de 2020 en los institutos y hospitales federales, denunciaron trabajadores del organismo.
Más grave aún es que durante años, los jefes de la División de Imagen y de Servicios Auxiliares de Diagnóstico del INR han permitido cobros en lo oscurito a pacientes, con la finalidad de adelantar sus citas. Los denunciantes explicaron que antes de la pandemia de Covid-19 y la suspensión de los servicios médicos, la lista de espera para un estudio de imagen podía ser de hasta tres meses, en promedio, debido a la elevada demanda de atención.
Pero, “si los pacientes estaban de acuerdo –y para eso los escogen– pueden brincarse la fila, previa aceptación de un pago extra”. El monto varía según el tipo de estudio y la persona que se trate, señalaron los denunciantes.
La Jornada tiene copias de comprobantes de citas médicas que se realizarán durante julio, en los cuales se indica el tipo de estudio y el monto a pagar mediante transferencia bancaria. Eso es lo “oficial”, insistieron los empleados entrevistados.
Antes ya se habían denunciado diversas irregularidades en el INR, pero no había ocurrido nada hasta ahora que, con motivo del término de cinco años como director de Clemente Ibarra Ponce de León, que ya no presentó su solicitud para relegirse.
Se inscribieron siete personas, de las cuales resultó electo el doctor Carlos Pineda Villaseñor, especialista en Reumatología, quien ayer tomó posesión del cargo.
Sobre los cobros por los servicios de imagen, los entrevistados comentaron que en el INR son “ampliamente conocidas” estas prácticas y quienes no han estado de acuerdo y han querido oponerse, “simplemente los corren o los cambian” a otra área. Por eso, la mayoría de los empleados del servicio de Imagen “hacen como que no ven”.
Señalaron que para “cubrirse”, Ramón Joaquín, jefe de la División de Imagen, con conocimiento de su jefe, Conrado Carballido, subdirector de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos, han contratado personal que no cubre los perfiles de médicos o técnicos pero “tapaderas” de los cobros indebidos, en particular, de los que no ingresan a la caja del instituto.
El 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se establece la exención en el cobro de servicios para todos los pacientes que son atendidos en hospitales federales e institutos nacionales de salud. Desde entonces, las cajas que hasta ese momento recibían los pagos con base en el nivel socioeconómico asignado a cada usuario, debieron haber cerrado. No ocurrió así en el Instituto Nacional de Rehabilitación.