En Palacio Nacional continúa, trastabillante, el ejercicio de defensa mediática que exhibe piezas periodísticas mentirosas o abiertamente tendenciosas. El lunes próximo, a su vez, están citados a una diligencia judicial diversos personajes relacionados con algo más que la mentira o la exageración, es decir, con el criminal montaje de una falsa detención en vivo de presuntos integrantes de una banda de secuestradores, Los Zodiaco, liderados, según esa versión, por la francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta.

Además de la participación de quien entonces era conductor de noticieros de Televisa, Carlos Loret de Mola, debería declarar Leopoldo Gómez, vicepresidente de noticias de la televisora en mención. Sumamente esclarecedor sería que aceptaran el careo solicitado por Vallarta (quien lleva 15 años encarcelado, sin sentencia), a menos que prefieran recurrir a tretas legaloides para no enfrentar el caso.

En otro tema: en entrevistas por separado, Layda Sansores (https://bit.ly/3yychAy) y Alfredo Ramírez Bedolla (https://bit.ly/3AAqj6q), gobernadores electos de Campeche y Michoacán, respectivamente, señalaron que han escuchado testimonios u obtenido evidencias de irregularidades cometidas por el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en la primera entidad, y por Silvano Aureoles, en la segunda, durante sus ejercicios al frente de los aparatos burocráticos estatales. Más deberían estar dedicados a una adecuada transferencia de poderes y en asesoría jurídica, ante riesgos de cárcel, los mencionados Moreno y Aureoles.

La violencia criminal contra defensores del medio ambiente es proporcional al tamaño de los intereses de grandes empresas trasnacionales o incluso de proyectos propios o asociados de los gobiernos federal y estatales. También se han incrementado las agresiones mortales y amenazas contra defensores de derechos humanos en todo el país. La impunidad es el sello distintivo en estos casos; impunidad que es obvio aliciente para más atentados y ejecuciones.

En Colima fue asesinado el pasado viernes 2 el activista David Díaz Valdés, quien había encabezado durante años la oposición al funcionamiento de la termoeléctrica “general Manuel Álvarez Moreno”, de la Comisión Federal de Electricidad, a la que se señala como causante de graves daños a la salud de pobladores de las inmediaciones.

Díaz Valdés cumplía 11 días de haber sido liberado, luego de nueve meses encarcelado por una acusación ( robo calificado, ataque peligroso y amenazas) que finalmente el juez de la causa consideró que no estaba probada. Luego de ser apresado, el defensor del medio ambiente señaló al gobernador priísta José Ignacio Peralta como responsable si era asesinado. El pasado viernes, dos personas a bordo de una motocicleta lo ejecutaron con disparos de bala en Salahua, una delegación de Manzanillo.

En otro caso, en Simojovel, Chiapas, fue asesinado este lunes Simón Pedro Pérez López, quien había sido presidente de la organización religiosa y pacifista denominada Las Abejas de Acteal. Defensor de derechos humanos, recibió disparos de arma de fuego hechos desde una motocicleta en movimiento. En lo que va del año en curso, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, han sido privadas de la vida 12 personas dedicadas a estos temas.

No está de más recordar cuando menos dos casos que siguen sin ser esclarecidos: la ejecución, en febrero de 2019, a las puertas de su casa, de Samir Flores, uno de los principales activistas contra la construcción de una termoeléctrica en Huexca, municipio de Yecapixtla, como parte del Proyecto Integral Morelos. El asesinato de Samir se produjo tres días antes de una “consulta” informal que organizó el gobierno obradorista para decidir el futuro de la citada termoeléctrica. En Sonora, por otra parte, el 27 de mayo desapareció Tomás Rojo Valencia, vocero de la etnia yaqui; el 17 de junio fue encontrado su cuerpo. Está detenido un presunto autor material del ataque. ¡Hasta mañana!

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