Mexicali, BC., Víctimas de tortura han interpuesto 250 denuncias en Baja California desde 2017, pero sólo cuatro carpetas se han judicializado, pues no hay investigadores suficientes en la Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado, a cargo desde hace 10 meses de Gilberto Oswaldo Jiménez Topete, académico universitario y abogado litigante.
Este jueves se ventilará uno de estos casos en el juzgado quinto del Sistema de Justicia Alternativa, donde se realizará la audiencia inicial de imputación, según la carpeta de investigación NUC 02/2017/46084.
En Baja California este ilícito se encuentra tipificado en el artículo 307 del Código Penal del Estado. Se trata de un delito cometido por servidores públicos, la mayoría agentes de corporaciones policiacas, con el propósito de que un detenido se inculpe o proporcione información sobre alguna persona, según la definición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanas o Degradantes.
Abogados litigantes se han quejado de la falta de personal de esa fiscalía especializada, lo que se refleja en el reducido número de casos presentados ante un juez y señalan que incluso se han contenido las consignaciones por tortura, lo que envía un mensaje de impunidad.
Durante 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió las quejas de tres víctimas. Los implicados son principalmente agentes municipales.
Este delito no prescribe y se persigue de oficio, por lo que no procede el desistimiento, de acuerdo con el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Tortura.
