Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la cancelación definitiva de la licencia o permiso para conducir a quienes acumulen dos sanciones por manejar bajo los efectos del alcohol o narcóticos en un año, tres en un periodo de tres años y en el caso de operadores de transporte público de pasajeros y de carga a partir de la primera ocasión en que incurran en dicha falta.

La reforma a la Ley de Movilidad establece en el caso de los permisionarios de transporte mercantil y de pasajeros, la obligación de contratar pólizas de seguro de responsabilidad civil con empresas constituidas conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que cubra los daños y perjuicios que la unidad pudiese ocasionar a los usuarios, conductores o terceros en su persona o patrimonio.

La cobertura mínima asegurada deberá ser de al menos 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, 4 millones 481 mil pesos a su valor vigente este año y 5 mil más, 448 mil 100 pesos, por cada pasajero y el conductor.

Establece como causas de revocación de las concesiones no contar con una póliza que cubra esas condiciones, así como cuando se presenten tres sucesos de lesiones por hechos de tránsito en la prestación del servicio imputable al conductor, así como al presentarse un caso de muerte.

La reforma transforma al Órgano Regulador de Transporte (ORT) de órgano desconcentrado a organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Movilidad (Semovi), a fin de dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio propio a efecto de los recursos que capte se incorporen a su patrimonio a fin de que esté en condiciones de mejorar la calidad, seguridad, accesibilidad, comodidad y eficiencia de los servicios de transporte público y concesionado, así como los complementarios en los Cetram, así como coadyuvar en el de los que forman parte del Sistema Integrado de Transporte Público: Metro, Metrobús, Ecobici, Biciestacionamientos, la Red de Transporte de Pasajeros y la de Transportes Eléctricos, así como el Cablebús.

Establece como una obligación de la Semovi promover políticas y planes con perspectiva de género que promuevan y garanticen la igualdad sustantiva, la equidad, la seguridad e integridad física de las mujeres en materia de movilidad, así como estrategias y acciones que prevengan y erradiquen la violencia sexual, el acoso y las agresiones dentro del sistema de transporte público integrado y concesionado.

Añade el dictamen aprobado --a partir de iniciativas que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo y otras presentadas por legisladores-- que en el caso de declaratorias de emergencia o contingencia, el gobierno capitalino podrá disponer la implementación de medidas preventivas en el servicio de transporte público, a efecto de garantizar la prestación del servicio.