Madrid. El gobierno de España aprobó el martes una ley de consentimiento sexual que apunta a reprimir la violencia sexual y el acoso al codificar las infracciones y aprobar nuevas sanciones.

El texto del proyecto aprobado por el Consejo de Ministros dice: “Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

La ley, conocida popularmente como ley “solo sí es sí”, irá al Parlamento para el debate y la votación, probablemente en septiembre.

La vocera del gobierno María Jesús Montero dijo que el proyecto es “un avance decidido” hacia la protección de las mujeres que “nos hace, sin duda, mejores como sociedad”.

“Tenemos que transformar la cultura sexual poniendo ese consentimiento de la mujer en el centro de nuestra mirada”, dijo Montero en conferencia de prensa.

Los cambios en el proyecto responden a la indignación provocada por sentencias de las cortes en casos de delitos sexuales.

En 2018, cinco hombres fueron condenados a nueve años de prisión por el delito menor de abuso sexual, en un caso que para los activistas fue de violación colectiva durante la fiesta taurina de Pamplona en 2016. “¡No es abuso, es violación!”, coreaban los manifestantes en esa época.

La Corte Suprema elevó la pena a 15 años ante la apelación de los fiscales.

La ley española penaliza el sexo sin consentimiento, pero el crimen no está codificado claramente y depende de las pruebas de violencia o intimidación para determinar si se produjo un acto criminal y la severidad del castigo.

El gobierno espera que la nueva ley elimine la necesidad de que la víctima demuestre que se resistió o fue objeto de violencia. Califica de agresión todo acto de sexo sin consentimiento, y prevé sanciones que llegan a 15 años de prisión.

El proyecto incluye por primera vez el acoso callejero, al que califica de infracción menor que puede ir a juicio con las pruebas presentadas por la persona ofendida. Las sanciones serían de trabajo voluntario y multas.

El proyecto crearía centros de crisis en todo el país que recibirían las denuncias de mujeres las 24 horas del día.

Los derechos de las mujeres han sido una bandera política del gobierno de coalición encabezada por los socialistas, con mayoría de mujeres en el consejo de ministros.