En cumplimiento a una resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Fiscalía General de Oaxaca debe rencauzar la indagatoria sobre la desaparición del joven estudiante Israel Moreno Pérez, a quien se le vio por última vez hace 10 años, el 8 de julio de 2011, en Chacagua, costa del Pacífico. Tendrá que partir de una supuesta “resolución” de la procuraduría estatal que entonces encabezaba Jesús López López, quien dio por cerrado el caso en 2012.

La resolución de la averiguación previa con la que se pretendió dar carpetazo a la desaparición de Israel, de 19 años en ese entonces, está basada en lo que se llamó en los expedientes “autopsia verbal”, sin cuerpo; en la alusión de una gota hemática recogida en una lancha que nunca se presentó y un dictamen basado en peritajes de criminalística que, según constató la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en su momento, se realizaron en fecha posterior.

Inculpados por torturas

Aunado a estas aberraciones procesales, desde 2012 están presos en un penal de Oaxaca tres declarados como responsables –Javier Rodríguez Peña, Honorio Corcuera y Margarito González– únicamente con base en declaraciones autoinculpatorias. A los tres se les aplicó el Estatuto de Estambul y dieron positivo a torturas.

Señalan como autor de las torturas al agente asignado a la investigación, Luis Vázquez Martínez, también demandado por Carlos Moreno por amenazas de muerte para obligarlo a retirarse de la constante cercanía que ha mantenido en el desarrollo de las investigaciones sobre la desaparición de su hijo.

Esto ocurrió durante la administración del gobernador Gabino Cué, con Jesús López como procurador estatal (hoy es magistrado del Tribunal Superior). Varios funcionarios, entre ellos el ex procurador, el agente Vázquez y responsables de ministerios públicos involucrados en este caso, han enfrentado procesos penales por corrupción, fabricación de pruebas y desvío de la indagatoria. Nunca se procedió contra ellos.

Carlos Moreno expresa: “No sé cómo llamar lo que sucede con las autoridades en el caso de mi hijo; omisión, colusión con el crimen organizado, burla, simulación, desprecio, impunidad o ineptitud. No hay una palabra que concentre todo eso”.

En diciembre del año pasado, en seguimiento a la resolución del Comité de la ONU, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, emitió una disculpa pública a la familia Moreno Pérez por el mal manejo del caso.

“Mi esposa Enriqueta, mi hija Areli y yo la rechazamos. No fue por desprecio a Encinas. Como le dijimos: usted no nos ha ofendido ni le hizo daño a mi hijo. No queremos disculpas. Lo que queremos es que de una buena vez se investigue bien y se llegue al fondo, para poder saber qué pasó con Israel”, indica Carlos Moreno.

El joven acababa de ingresar a la UNAM para estudiar la carrera de geografía, como su padre. Llegaron las vacaciones, empacó su mochila y se lanzó a la aventura a las cosas oaxaqueñas. El 8 de julio su mamá recibió su último mensaje. Decía que había llegado a Chacagua y que al día siguiente iría a Mazunte, donde lo esperaban algunos amigos. Nunca llegó.

La experiencia de Carlos Moreno como buscador en solitario de Isra, como le dicen sus amigos, ha sido siempre cuesta arriba: “De manera individual es muy difícil lograr la atención de las instituciones que imparten justicia. Como víctima hay la necesidad de agruparse en colectivos, pero a veces sale contraproducente, ya que nos encontramos con supuestos activistas que en realidad son arribistas que se encargan de mantener pasivas a las víctimas y obtienen beneficios para ellos”.

Carlos Moreno denunció a los funcionarios públicos que se prestaron al montaje y encubrimiento del caso. Se pregunta: “¿Es demasiado pedir una investigación efectiva y sancionar a los delincuentes que transitan con permiso de las autoridades? Si ya un solo desaparecido es inadmisible, 86 mil es una vileza. Es una vileza que nuestros gobernantes minimicen el problema”.

Por lo pronto, el padre de Israel está a la espera de una audiencia con el nuevo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert.

“Ya me citó para una reunión vía Zoom, pero él no asistió. Entiendo que los funcionarios de ese nivel estén ocupados, pero la desaparición de personas también debe ser su prioridad”, concluye.