Brasilia. Cientos de miles de personas volvieron ayer a las calles de Brasil para protestar contra el presidente Jair Bolsonaro, quien será investigado por el Supremo Tribunal Federal, a petición de la Procuraduría General de la República, por supuestamente no denunciar una tentativa de corrupción en la negociación para la compra de Covaxin, vacuna india contra el Covid-19.

Los manifestantes se reunieron en más de 100 ciudades del país, como Río de Janeiro, Brasilia, Belém, Recife y Porto Alegre, para además exigir un juicio político en contra del mandatario por su manejo de la pandemia y un mayor acceso a las vacunas contra el virus.

“Bolsonaro genocida”, “No era negacionismo, era corrupción” y “Sí a las vacunas”, fueron las consignas inscritas en pancartas de los manifestantes que bloquearon varias cuadras de la avenida Paulista, en el centro de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil.

Junto a las camisetas y banderas rojas de sindicatos y movimientos sociales, algunas de ellas pidiendo el regreso del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muchos manifestantes de izquierda lucieron la bandera brasileña, en un intento de reapropiarse del símbolo nacional normalmente utilizado por los simpatizantes del mandatario ultraderechista.

Según los organizadores, las manifestaciones convocaron a casi 800 mil personas, reportó el diario Folha de Sao Paulo, y se extendieron a 35 puntos extranjeros, principalmente de Europa.

Es la tercera jornada de protestas en menos de un mes contra el gobierno –las otras, celebradas el 2 de mayo y 19 de junio–, que enfrenta una presión creciente por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre presuntas omisiones en la gestión de la pandemia, que ya ha dejado más de 500 mil muertos en Brasil, según datos oficiales.

La jornada estaba programada originalmente para el día 24, pero se adelantó después de que se presentaron esta semana pruebas de irregularidades relacionadas con el acuerdo para la compra de la vacuna Covaxin ante el comité del Senado.

“Si guardamos un minuto de silencio por cada muerto por Covid, estaríamos callados hasta junio de 2022”, se leía en la pancarta que sostenía un hombre en Belém, capital del estado de Pará.

En los dos primeros meses de audiencias, la CPI –instalada por el Senado– se centró sobre todo en la demora del gobierno para sellar acuerdos con las farmacéuticas para adquirir vacunas, mientras impulsaba el uso de medicamentos ineficaces contra el virus –como la hidroxicloroquina– y Bolsonaro criticaba las medidas de distanciamiento social.

Pero desde la semana pasada el testimonio de Luis Ricardo Miranda, jefe de importaciones médicas del Ministerio de Salud, cambió el foco de las investigaciones al declarar que en marzo pasado sufrió una “presión atípica” para concretar una compra de 20 millones de dosis de Covaxin que, a su entender, presentaba indicios de irregularidades, entre ellas un precio mucho mayor al pagado por Brasil por cualquier otro inmunizante.

El funcionario afirmó haber trasladado personalmente las sospechas al presidente, quien se habría comprometido a llevar el caso a la Policía Federal, algo que aparentemente no hizo. Esto motivó la apertura el viernes de una investigación de la Procuraduría General de la República, autorizada por la jueza del Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, que averiguará si Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación”, al supuestamente no denunciar las sospechas de irregularidades.

Otras alegaciones que investiga la CPI y que causaron revuelo esta semana partieron de un empresario que afirmó haber recibido un pedido de soborno de un director del Ministerio de Salud cuando supuestamente negociaba la venta de vacunas con el gobierno, algo que el funcionario niega tras ser destituido.