Mexicali, BC. La Secretaría de la Honestidad y Función Pública (SHyFP) del gobierno de Baja California suspendió de manera ilegal a seis consejeros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

En Baja California, el SEA está incompleto, sobre todo en lo que corresponde a la investigación y sanción de delitos, ya que carece del fiscal de Delitos Cometidos por Servidores públicos, además de un magistrado anticorrupción, que debe proponer el gobernador Jaime Bonilla al Congreso local.

La suspensión de los consejeros ciudadanos contraviene a la Ley del SEA de Baja California ya que no son servidores públicos y por ende la hace improcedente.

En una reunión celebrada entre los representantes de la SHyFP, del Instituto de Transparencia, de la Auditoría Superior del Estado y de las Sindicaturas Municipales de Tecate y Rosarito y los consejeros Ricardo Zurita y Edgardo Silva, se modificaron la composición del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEA) y revocaron el nombramiento de su titular.

El procedimiento sancionatorio se basa en la inasistencia a convocatorias y sesiones realizadas por este grupo, mientras que el Presidente del CPC, Eduardo Arredondo, les ha conminado a mantenerse en la legalidad pues las sesiones del Órgano de Gobierno sólo pueden hacerse a convocatoria del presidente por un programa aprobado con antelación o a petición de 12 de sus integrantes, lo cual no ha ocurrido.

Incluso, las convocatorias oficiales han sido ignoradas por la parte gubernamental.

El SEA de Baja California está paralizado desde abril de 2020 a propuesta de la SHyFP, Vicenta Martínez, ante la petición de la mayoría de consejeros ciudadanos de un informe sobre actos de corrupción de funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla.

La parte gubernamental del SEA cooptó a dos consejeros ciudadanos de los ocho activos. En este caso Ricardo Zurita López y Edgardo Silva.

En noviembre de ese año, la funcionaria impuso como presidente de los órganos de participación ciudadana al consejero Edgardo Silva y así lo presentó en la Semana Estatal Anticorrupción, pese a que en julio los consejeros ciudadanos designaron como presidente del CPC y del Órgano de Gobierno al consejero Eduardo Arredondo, en un procedimiento que estipula la ley.

De esta manera la SHyFP resolvió imponer en la toma de decisiones a dos consejeros afines, cuya encomienda concluye el 15 de julio.

Uno de ellos, Zurita López, se negó a firmar su contrato de prestación de servicios profesionales durante tres años, necesario para su pago. Ante esta negativa, la SESEA-Baja California solicitó en febrero de 2021 la opinión a la Auditoría Superior del Estado para proceder al pago de los ejercicios 2019 y 2020 y la respuesta fue que se aplicará la ley.

El mismo Zurita López propuso y resolvió en esa reunión que se le cubrirán sus honorarios.

En 2021, el Congreso local condicionó el presupuesto anual a la SESEA-BC a la autorización del Órgano de Gobierno, aunque el propio Congreso decidió en abril de 2020 paralizar reuniones de instancias anticorrupción.

Anticorrupción

El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California lo integran 15 consejeros ciudadanos y 11 representantes gubernamentales, de acuerdo a la Constitución Política del Estado.

Los consejeros ciudadanos surgieron de las propuestas evaluadas por el Comité Seleccionador que presidió Daniel Octavio Valdez, rector de la UABC.

En la actualidad, sólo hay ocho consejeros ciudadanos en funciones. El 15 de julio concluye la gestión de Zurita y de Silva.

De la parte gubernamental, están acéfalas la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y el Magistrado Anticorrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

En su origen, se acordó en el Congreso local que estas posiciones se decidieran a través de los mejores perfiles de Profesionistas que se inscribieran en u a convocatoria pública.

La XXIII Legislatura que concluye el 30 de julio cedió al gobernador Jaime Bonilla la designación de una terna para que los titulares fueran seleccionados en el pleno parlamentario.