Hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelva si es constitucional o no la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), no se puede definir si el gobierno federal o las empresas privadas tienen la razón, comentaron analistas en materia energética.
Inquiridos por La Jornada sobre la decisión del segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones sobre la revocación de dos suspensiones definitivas que concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las firmas privadas Hidroeléctrica Cajón de Peña y Energía Verde Meyer, señalaron que persiste la incertidumbre.
Arturo Carranza, especialista energético, comentó que aún es complicado, en términos legales, entender el alcance de la resolución, pues falta resolver de fondo la reforma energética.
Agregó que la determinación del juzgado se debió a que no se ha implementado la reforma, por lo que no hay una afectación. “Si no se han visto afectadas es porque los mismos cambios de la reforma todavía no se han instrumentado”, anotó.
“Hasta en tanto la Corte no resuelva, es previsible que sigamos viendo esta confrontación legal y que sigamos viendo a las empresas privadas acudir a los tribunales para defender lo que ellos consideran legítimamente defendible.”
Insistió que en la segunda instancia, se decidió revocar las suspensiones, lo cual favorece por el momento al gobierno federal y a la reforma eléctrica.
“Las empresas quejosas van a seguir presentando amparos y si se echa a andar la reforma, van a tener argumentos porque en el fondo no se ha resuelto la sustancia del tema, que es si contradice los artículos 25 y 28 constitucionales en términos de libre competencia y libre concurrencia. Hasta que no se resuelva eso, la interpretación es coyuntural”, apuntó.
“Si hay algo que todavía continúa presente es la incertidumbre que ha generado la reforma a la LIE”, dijo Carranza.
Santiago Barcón, experto en materia energética, indicó que “la única conclusión de estas situaciones que estamos enfrentando es que si vamos a judicializar la energía, nos vamos a quedar sin servicio eléctrico.
“La incertidumbre va a seguir, mientras no haya cabeza fría y se sienten a negociar. Esto es como los divorcios o los pleitos, nadie tiene toda la razón. Hay que buscar el punto medio.”
Comentó que es necesario que lo resuelva la SCJN, pero dejar “el desarrollo de un bien en manos de abogados, es una decisión absolutamente contraproducente”.
Ramses Pech, especialista en la materia, señaló que el fallo debe ser entendido para aplicarse en general, pues sólo “espantará” a la inversión extranjera directa (IED) nueva. “Ya nadie quiere venir a invertir por miedo a la parte legal, y que puede desgastar a una empresa”.
Apuntó que ahora las empresas privadas al no tener una solución dentro del marco legal en el país, pueden recurrir a instancias internacionales –dependiendo del tipo de contrato y la afectación–, incluso si están al amparo de algún tratado con México.
“La reforma energética hasta el momento está modificada, no hay certidumbre que aplique a todos. Hasta el momento aplicará a cada quejosa. Si hay un buen número de apelaciones, los jueces deberán determinar por qué hay tantos amparos. Lo que dicen los jueces es que una sola no debería cambiar una modificación de ley, varias que sean del mismo argumento indican que algo está mal”, concluyó.
