Los flujos de migrantes siguen incrementándose a pesar de que la pandemia no ha sido controlada, si bien en los momentos más álgidos fueron obligados a un cierto impasse. Como era de esperarse, no sólo no han cambiado las causas por las que ellos huyen de sus países de origen, sino que se han profundizado, tanto las enormes desigualdades como los conflictos armados y la inseguridad ante grupos criminales, entre otros, forzando a millones de personas a buscar nuevas condiciones de vida.
Y la respuesta de los países que podrían y deberían ser receptores para estos migrantes forzados sigue siendo la misma, el cierre de fronteras. La propia vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue muy clara: “no vengan porque no podrán pasar”, pese a reconocer que la estrategia a seguir para revertir la tendencia migratoria es ir a las causas, lo que sin duda es correcto, pero requiere muchos pasos y tiempo para alcanzar ciertos resultados.
Resulta inapropiado generar “un cuello de botella” para alcanzar una supuesta “migración ordenada, regular y legal”, o lo que se ha llamado la gobernanza de la migración, que al final lo que pretende es controlarla de manera unilateral.
Es un error pensar en una política migratoria unilateral en la medida en que el fenómeno es de doble vía. Es decir, hay causas en el origen que fuerzan a las personas a buscar nuevos horizontes de vida, cuya urgencia impone en la mayoría de las ocasiones el desplazamiento irregular. Por otro lado, hay factores de atracción derivados de necesidades y exigencias de los mercados laborales de los países desarrollados, tales como conflictos demográficos profundos y dificultades en el sector educativo cuya resolución pasa por la contratación de trabajadores migrantes. El problema es que en ningún momento se ha planteado discutir ambos niveles de “necesidades” entre las partes involucradas para consensuar una política migratoria, cuya consecuencia es mantener el fenómeno migratorio como un problema de “ilegalidad” que favorece la permanente violación de los derechos humanos y la absoluta desprotección laboral de los migrantes.
México enfrenta problemas al ser el puente entre el resto del mundo y Estados Unidos y se ha convertido en un país de origen, tránsito, recepción y retorno de migrantes no sólo mexicanos y centroamericanos, sino también de personas que proceden de otros continentes. Es importante señalar que hace 10 años se promulgó la Ley de 2011 que establece que la migración debe considerarse desde la perspectiva de los derechos humanos eliminando por completo la idea de la criminalización del fenómeno migratorio y reconoce los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos. Y si bien ha tenido problemas en la implementación y en la capacitación de personal, entre otros, en los hechos se trataría de una gobernanza que tiene la intención de proteger a las personas. Tal como lo ha confirmado Mark Manly, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al señalar que “México se ha convertido en una verdadera opción de refugio” ( La Jornada, 28 de junio de 2021).
Esta perspectiva se enfrenta a la de Estados Unidos, cuyas políticas migratorias se basan en la soberanía y la seguridad nacional con fronteras definidas y vigiladas que limitan la libre circulación de las personas. Situación que se repite a lo largo y ancho del planeta, porque los países tienen el poder para hacer efectivas sus políticas migratorias cuando las relaciones internacionales se basan en la soberanía, que les permiten imponer sus intereses ante la enorme asimetría con las naciones expulsoras.
Si bien hay una gran cantidad de convenciones, recomendaciones, pactos, etcétera, de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en relación con el fenómeno migratorio, con claras propuestas para su instrumentación en favor de los migrantes y sus familias, pocos países son signatarios de esos documentos y la mayoría de los firmantes provienen de naciones subdesarrolladas, pobres.
Desde mi punto de vista, se requiere una autoridad que genere cauces de entendimiento entre los países, y la pregunta es si la ONU es ese ente internacional. Hay que reconocer que se inscriben preceptos de enorme importancia, como los señalados en la propia Carta de Naciones Unidas para la convivencia mundial: “promover sociedades inclusivas, justas y pacíficas; promover la coexistencia pacífica entre las personas. Incluye la reducción del flujo de armas y el combate del crimen organizado, así como la reducción significativa de todas las formas de violencia a nivel mundial”. Y el propio Departamento de Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz señala que la prevención de conflictos involucra a los actores que trabajan en tres áreas que son pilares de la ONU: la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos.
Si bien hay un importante debate sobre el futuro de la Organización de Naciones Unidas ante las críticas reiteradas por sus decisiones, lo que parece claro es que se requiere un sistema internacional que tenga la capacidad de hacer efectiva la resolución negociada ante la enorme conflictiva mundial.
