Tanto que se esforzaron para “universalizar” la “protección de la justicia” a favor de las empresas privadas del sector eléctrico (362 suspensiones “con efectos generales” en apenas dos meses), para que al final de cuentas los jueces Julio Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, junto con sus sentencias sobre la Ley de la Industria Eléctrica, fueran mandados a paseo por el segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, de tal suerte que los “árbitros” citados, junto con los consorcios por ellos protegidos, se quedaron con las ganas.
Como en su momento se comentó en este espacio más tardó el Ejecutivo en presentar al Congreso la Ley de la Industria Eléctrica y éste en aprobarla, que los “justicieros” de la oligarquía en “proteger” –a la velocidad de la luz– a las empresas privadas del sector que, gracias al neoliberalismo, gozan de escandalosas prebendas a costillas del erario nacional, algo que a Gómez Fierro y de la Peza les importó un carajo.
La Jornada (César Arellano García) lo publicó así: el citado segundo tribunal colegiado “aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Urbano Martínez Hernández, quien anuló la medida cautelar otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y a Energía Verde Meyer. La decisión del colegiado aún no ha sido publicada, pero está firme”. De marzo a la fecha, los “justicieros” de la oligarquía “concedieron los recursos a empresas trasnacionales” para evitar “afectaciones” por los cambios contenidos en la Ley de la Industria Eléctrica.
En el recuento, vale mencionar que “de marzo a la fecha, los jueces De la Peza y Gómez Fierro concedieron los recursos a empresas trasnacionales que detienen, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo”, lo que mandata la Ley de la Industria Eléctrica. Apenas 24 horas después de que dicha legislación fuera promulgada, el segundo de los “justicieros” empezó a conceder “suspensiones” a diestra y siniestra para, según él, “no generar una ventaja indebida a los participantes del mercado eléctrico” (léase para no afectar las jugosas prebendas que el régimen neoliberal les concedió).
A partir de que los “justicieros” procedieron en el sentido descrito, el presidente López Obrador anunció: “vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares. Estos jueces surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética (de Peña Nieto) para proteger a las empresas particulares y extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional”.
Desde entonces, mientras los “justicieros” otorgaban suspensiones como si se tratara de repartir tortillas, el mandatario ha reiterado que “no estamos cancelando la reforma energética, sino procurando quitarle las aristas más filosas, lo que más daña, y que las empresas puedan seguir haciendo negocio, pero con ganancias razonables, que no vengan a robar, que se vayan a robar más lejos; antes se los permitían, ahora ya no. Entonces, vamos a defender este punto”.
Además, ha dicho López Obrador, el mercado eléctrico en el país “está muy concentrado: básicamente son Iberdrola y 10 empresas más. No estamos en contra de los empresarios, sino de la corrupción. Se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. ¿Por qué si en España tienes un margen de utilidad de 15 por ciento, aquí va a ser de 150 por ciento?; se ha hecho un cálculo general de que la Comisión Federal de Electricidad ha pagado como 300 mil millones de pesos de más por esos contratos leoninos; los dueños de las empresas extranjeras están muy molestos y también algunos mexicanos por la reforma eléctrica; la verdad es que abusaban vendiendo cara la energía eléctrica, recibiendo subsidios”.
Las rebanadas del pastel
No hay sorpresas, porque desde su nombramiento se advirtió que nada bueno sucedería en el Banco del Bienestar con una itamita (sin experiencia en el sector) al frente de la institución. ¿Resultado? Pérdidas por 426 millones de pesos (a marzo pasado) y el mayor índice de morosidad de la banca de desarrollo, de acuerdo con la CNBV; “prácticamente uno de cada cinco pesos de cartera de crédito se encuentra vencido” ( La Jornada, Julio Gutiérrez).
