Por unanimidad, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó la resolución del 29 de enero de 2019, donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le impuso a Laura Elena del Moral Barrera, ex directora de Recursos Financieros de la Universidad Autónoma del estado de México (UAEM), una sanción resarcitoria por 10 millones de pesos, debido a irregularidades detectadas dentro del esquema conocido como la estafa maestra.
Los magistrados aprobaron el proyecto de su homóloga Magda Zulema Mosri Gutiérrez, quien declaró que la ex funcionaria no acreditó sus pretensiones de impugnar el fallo de la ASF, por el contrario, consideró que la autoridad justificó debidamente los elementos de prueba relativos a la conducta y el daño ocasionado a la hacienda pública federal.
Mosri Gutiérrez recordó que el 2 de enero de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social y la UAEM firmaron el acuerdo de ejecución por 50 millones de pesos, cuyo objeto era la operación del proyecto Acompañamiento de la Población de Jornaleros Agrícolas, por el periodo que concluiría el 21 de diciembre de 2013.
En en noviembre de ese mismo año, ambas instituciones firmaron un convenio modificatorio para una aportación adicional de 10 millones de pesos contra la entrega del producto final. En este contrato, reiteró la magistrada, es en el que la autoridad estimó que se actualizó el daño a la hacienda pública federal por 10 millones de pesos.
“Un millón 652 mil pesos fueron utilizados para complementar los pagos de una factura expedida por Inteligencia y Tecnología Informática, ya que de la visita domiciliaria practicada a esa empresa se advirtió que el comprobante fiscal no forma parte del costo del servicio contratado para el ejercicio 2013, sino que corresponde a 2012, ya que la empresa presentó las facturas que integran lo cobrado a la Universidad Autónoma del estado de México, y la diferencia, que corresponde a la cantidad de 8 millones 347 mil pesos, fue considerada parte de las comisiones que recibiría la universidad.”
Sin embargo, la impartidora de justicia argumentó que la quejosa omitió ejercer, así como verificar, la adecuada ejecución y correcta aplicación de los recursos federales recibidos con motivo de dicho acuerdo, “ya que esos recursos no se aplicaron a las acciones, obras o proyectos autorizados, observando un estricto apego a las reglas de operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas vigente y las demás normativas aplicables”.
