Ciudad de México. Organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la militarización de las tareas migratorias ha exacerbado los casos de uso ilegítimo de la fuerza contra las personas migrantes y las violaciones a sus garantías, además de que también ha derivado en un incremento de prácticas “push-backs” o “devoluciones en caliente” .

Así también coincidió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, quien señaló que “ha recibido información y también ha documentado devoluciones en caliente, tanto en frontera como en estaciones migratorias, sin adecuadas garantías del debido proceso”.

Además, dijo que todavía prevalece un enfoque que privilegia el despliegue de las fuerzas armadas y otros cuerpos policiales en tareas de control migratorio. Este tipo de respuestas no contribuye a los esfuerzos para garantizar una migración segura”.

En audiencia virtual de la CIDH, las 32 organizaciones mexicanas participantes destacaron que el uso de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha registrado tanto en la contención de los migrantes, así como para reprimir “la libertad de protesta”.

Indicaron que a partir de 2019 derivado de un acuerdo migratorio entre los gobiernos de Estados Unidos y México se desplegaron 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur y 15 mil guardias en la frontera norte. Pese al cambio de gobierno estadunidense, dijeron, se mantiene esta presencia, ya que en mayo de 2021 de los casi 100 mil elementos desplegados en territorio mexicano, arriba del 22 por ciento se encontraban en los estados fronterizos del norte y sur.

Añadieron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió tener 451 quejas relacionadas con la Guardia Nacional, de las cuales el 20 por ciento tienen que ver con el actuar en contra de la población migrante.

“La militarización de las fronteras y las tareas migratorias también ha generado un ambiente de hostilidad, intimidación, acoso, incluso bloqueo de las labores de monitoreo”, asistencia y acompañamiento para la defensa de los derechos humanos, añadieron.

Sobre los push-back, mencionaron que “son cometidos, tanto por vía terrestre como área, en cuestión de horas las personas son expulsadas de territorio nacional privándolas de la posibilidad de defenderse frente a estas prácticas y perpetuando la impunidad que las rodea”.

Indicaron que frente a la ausencia de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en aeropuertos las personas presentan su solicitud ante agentes del INM “quienes por desconocimiento o falta de voluntad incumplen con su obligación legal de dar aviso por escrito y de manera inmediata a la Comar, por el contrario amedrentan a las personas para desistirse de su solicitud”.

En muchas ocasiones, añadieron, “estas amenazas son suficientes para que las personas declinen su solicitud de asilo y acepten ser devueltas al país donde provienen”.

Por su parte, Cinthia Pérez Trejo, Directora de Atención y Vinculación Institucional de la Comar, dijo que a pesar de la pandemia de Covid-19, “que significó una reducción drástica de alrededor del 40 por ciento en el número de solicitantes de refugio a nivel nacional durante 2020”, durante los primeros cinco meses del año en curso ya se han registrado 41 mil 195 solicitudes. “Es decir, casi se ha alcanzado el número total registrado durante el año pasado”.

Agregó que el Estado mexicano trabaja en estrategias como la implementación del plan de fortalecimiento para la atención de personas solicitantes de la condición de refugiado que ingresan por la frontera sur.