Ciudad de México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó la tarde de este miércoles, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia formal en contra de Nallely Gutiérrez Gijón y del ex gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz, “por la posible comisión de delitos de índole federal, como son la asociación delictuosa, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y despojo”.

En un comunicado, el Secretario adjunto a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priísta, Marco Mendoza, indicó que la dirigencia de su partido “reitera la disposición al diálogo abierto, pero rechaza cualquier acto de violencia que atente contra la democracia y que vulnere los derechos de los militantes”.

El representante detalló que el martes 29 de junio se inició una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad, “toda vez que 22 compañeros se encuentran en el interior de las instalaciones del CEN”.

De igual manera, la noche del mismo martes se iniciaron otras en la Fiscalía de la Ciudad de México, “por el delito de tentativa de homicidio en agravio de varios compañeros militantes que expusieron su vida, mientras se encontraban desarrollando pacíficamente diversas actividades, quienes resultaron heridos, incluso con arma de fuego”.

Por su parte, Hiram Hernández Zetina, presidente nacional de la Red Jóvenes por México, consideró “inadmisible” que hombres armados hayan atacado la sede nacional priísta e irrumpido en una manifestación “masiva y pacífica”, lo que dejó dos militantes heridos, uno con impacto de bala en los pulmones y otro en la cara, además de algunos otros lastimados por palos y piedras.

El dirigente de los jóvenes del tricolor señaló como responsables a Ulises Ruiz, “exgobernador corrupto de Oaxaca”, y a Nalley Gutiérrez “de tener secuestradas con matones las instalaciones del PRI nacional y a personas que temen salir por considerar que su vida corre riesgo”, al tiempo que le exigió a la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, ordenar la liberación de las instalaciones tomadas.