La contaminación del agua en el país “está legalizada”, los usuarios no pagan una multa sino un derecho cuando generan polución en exceso, y a este problema se suma que la Ley de Aguas Nacionales (LAN) favorece la mercantilización del líquido y carece de disposiciones para garantizar el derecho humano a contar con ella, sostuvo la subdirectora de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns.
La Conagua debe tomar partido por el pueblo y el medio ambiente, por eso los actuales funcionarios “fuimos invitados a asumir estos cargos”, precisó durante su participación en el foro Agua y Soberanía Alimentaria en la Cuarta Transformación, convocado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
Pedro Arrojo Agudo, relator de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento, en un mensaje grabado, planteó que no se pueden legislar los derechos humanos en un “rinconcito, mientras los ríos y acuíferos siguen alimentando la codicia de los más poderosos, porque de ser así, nada o casi nada cambiará y a la postre los derechos humanos de los más empobrecidos y la sostenibilidad de ríos, lagos y acuíferos serán marginados”.
Señaló que la agricultura industrial “contamina ríos y acuíferos con agrotóxicos, marginando los derechos del campesinado e incluso los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de toda la población”. La gran agricultura industrial, generalmente dirigida a la exportación, no puede ser la prioridad ética y legal de la gestión del agua, “México puede marcar liderazgo en el mundo con una Ley General de Aguas basada en la sostenibilidad y los derechos humanos”, sostuvo.
Arrojo señaló que hay “agua delito” que se utiliza “en actividades productivas que ponen en riesgo la salud pública y la sostenibilidad, como la minería tóxica a cielo abierto e incluso el fracking, que deben ser, desde mi punto de vista, ilegalizadas”.
La LAN carece de herramientas para garantizar el derecho humano al agua, ya que se estableció con fines mercantilistas, favorece la compraventa del agua y hay ciudades que dependen de los distritos de riego para el abasto de la población, como Ensenada, Mexicali y Tijuana, advirtió Burns en su intervención.
Sostuvo que los derechos de los pueblos indígenas no se pueden cumplir por vacíos en la ley, esto pasa en el plan de justicia del pueblo yaqui de Sonora y las comunidades de valles centrales de Oaxaca. Dijo que la LAN intentó borrar los derechos de los núcleos agrarios, establecidos por decretos presidenciales, para remplazarlos por concesiones, “la dotación es superior a la concesión, no puede ser remplazada”. Agregó que en la legislación vigente no hay instrumentos para intervenir en favor de los sistemas comunitarios.
