Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos falló ayer que el gobierno puede detener de manera indefinida a ciertos migrantes que dicen que enfrentarán persecución o tortura si son deportados a sus países de origen.

Con el disenso de tres jueces de centroizquierda, el tribunal sostuvo en votación de 6-3 que los migrantes no tienen derecho a una audiencia sobre si deben ser puestos en libertad mientras el gobierno evalúa su solicitud.

El juez Samuel Alito escribió en nombre de la mayoría del tribunal que “esos extranjeros no tienen derecho a una audiencia de fianza”.

El caso involucra a las personas que ya han sido deportadas y que, al ser detenidas después de reingresar sin documentos a Estados Unidos, afirmaron que serían perseguidas o torturadas si eran devueltas a sus países. Uno de los casos es de un salvadoreño que alega que una pandilla lo amenazó después de ser deportado.

Un funcionario determinó que los migrantes tenían un “temor razonable” por su seguridad si regresaban a sus países, poniendo en marcha un proceso de evaluación que puede llevar meses o incluso años.

La cuestión para el máximo tribunal estadunidense es si el gobierno podría detener a los indocumentados sin que un juez de migración intervenga.

Los migrantes y el gobierno del entonces presidente Donald Trump, que presentaron sus argumentos del caso antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden, en enero, apuntaron a diferentes disposiciones de la ley de inmigración para defender sus posturas.

La corte federal de apelaciones en Richmond, Virginia, había fallado a favor de los migrantes, pero otras cortes de apelaciones se pusieron del lado del gobierno. El fallo de ayer sienta un precedente a nivel nacional, el cual afecta sólo a lo que los defensores de los indocumentados llaman un subconjunto relativamente pequeño de personas que no son ciudadanos estadunidenses.