Ciudad de México. En la región de la tribu yaqui, en Sonora, han desaparecido decenas de jóvenes, crece la criminalización a los defensores del territorio y el agua en los medios de comunicación y redes sociales, la violencia se ha desbordado y “se vive un recrudecimiento de la represión”, advirtió Mario Luna, vocero de este pueblo. Esto ocurre en el contexto de sucesión del gobierno estatal y de la construcción del plan de justicia yaqui, señaló.

Además, las autoridades buscan minimizar el asesinato de Tomás Rojo y no quieren clasificar como forzada la desaparición por varios días de su hermana, Lorena Valenzuela, agregó.

Aunque identificaron el cuerpo de Rojo, las autoridades no quieren llegar a las últimas consecuencias, lo cual “complica la situación de los que siguen trabajando en la tribu y la indefensión de su familia”. La impunidad que impera hace que a los interesados en los megaproyectos “se les haga fácil desaparecer o chantajear a los que se oponen a los despojos con las megaobras”, indicó Luna.

Explicó que para el plan de justicia del pueblo yaqui se estableció una mesa en la que participa una parte de la tribu, pero “no es culturalmente adecuada la forma en que se instala, hay un grueso de la población que no está en la dinámica” y aquí “interactúan los oficios de los funcionarios en turno con intereses que buscan desestabilizar a la tribu e incluso abortar que pueda haber un verdadero acuerdo. Preocupa que siguen las campañas de desprestigio contra el pueblo”.

Agregó que sobre el agua, que en el desierto del noroeste del país es estratégica, hay incumplimiento de la sentencia de la Corte que prohibió la operación del acueducto Independencia (construido para llevar líquido a Hermosillo), “se estigmatiza a quienes seguimos hablando de esta megaobra”.

En conferencia de prensa virtual con Amnistía Internacional y Serapaz, dijo que en esto pesan los “intereses de los acaparadores del agua porque a lo largo del río Yaqui hay usuarios no contemplados y hacen uso del recurso. En este marco se gesta la impunidad en que desaparecen jóvenes”, señaló Luna, quien por su lucha por el agua fue detenido en 2013.

Detalló que a la radio comunitaria que operan, llegan múltiples quejas de familias acerca de la desaparición de jóvenes con problemas de adicciones o que estaban en “lugares equivocados, como bailes”. Todo esto se canaliza al Ministerio Público, pero éste “se encuentra rebasado”.

Las organizaciones recordaron que durante junio han sido asesinados en Sonora los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez, ambos líderes de la tribu yaqui. También los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.