En México y Ecuador los adultos mayores viven en condiciones precarias y padecen violaciones a sus derechos humanos, a pesar de que en ambos países existen leyes que defienden el goce pleno de sus derechos sociales, coincidieron especialistas en la conferencia Ecuador-México: derechos y situación de los adultos mayores.

Mariana Moranchel Pocaterra, académica de la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), recordó que aunque en el país hace casi 10 años se publicó una reforma constitucional que consagra los derechos para todas las personas de ese sector que se encuentren en el territorio nacional, todavía falta garantizarlos.

“Los adultos mayores, en teoría, tienen los mismos derechos que las demás personas, de acuerdo con el marco constitucional, pero este grupo poblacional sigue siendo vulnerable por su condición de edad.”

La académica del Departamento de Estudios Institucionales de la UAM reconoció que el texto constitucional de la Ciudad de México reconoce a este grupo el derecho a la identidad, a los servicios de salud especial, así como a una retribución no contributiva y a un sistema de atención que prevenga la violencia, discriminación y el abandono, aspectos que significan un gran avance.

La investigadora indicó que el adulto tiene la opción legítima a un trabajo digno, de acuerdo con el artículo quinto de la Constitución, así como a la protección de la Ley Federal del Trabajo para no ser excluido en las labores, en observancia a normas internacionales.

Así, “sería importante efectuar estudios interdisciplinarios profundos en nuestros países y un diagnóstico de este segmento poblacional que ha resultado afectado por la pandemia, pues el Estado tiene el reto de hacer efectivo el goce de sus derechos”.

Educación, la clave

La sicóloga Elizabeth Jiménez Pesantez, integrante del Centro Observatorio Internacional de Derechos Humanos de Ecuador, señaló que ambos países tienen una realidad similar respecto a este grupo, “el marco legal es parecido, pero hace falta la implementación de esos derechos. Ante ello, es preciso ver al adulto mayor como sujeto de derechos, y ese cambio debe tener su origen en la educación”.