Ciudad de México. Entre junio y septiembre de 2017, al menos 47 personas fueron desaparecidas presuntamente por la fiscalía estatal de Nayarit como parte de un ataque sistemático perpetrado por actores estatales, señala el informe México: estructura criminal en la Fiscalía General del Estado de Nayarit y crímenes de lesa humanidad, que realizó la organización IDHEAS, Litigios Estratégico en Derechos Humanos, junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH).

En conferencia de prensa virtual, Jimena Reyes, directora de la Federación Internacional de Derechos Humanos para las Américas, indicó que entre junio de 2017 y mayo de 2020, se encontraron 30 fosas clandestinas con al menos 140 cuerpos de personas desaparecidas. “Diferentes fuentes consideran que sólo en 2017 desaparecieron entre 140 y 300 personas en el estado”.

Dijo que del análisis detallado de 26 casos que corresponde a las 47 víctimas de desaparición forzada mencionadas, llegaron al a conclusión de que existen bases razonables para considerar que se cometieron actos constitutivos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada.

En el estudio, las organizaciones aseguraron que con base en las pruebas obtenidas, estos delitos fueron perpetrados por miembros de la Fiscalía de Nayarit y otros actores pertenecientes al gobierno regional del estado, “posiblemente incluyendo al propio ex gobernador, Roberto Sandoval, quien fue detenido el 6 de junio de 2021 acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Reiteraron que existe una base razonable para creer que estas 47 víctimas de desaparición forzada fueron blanco del Estado de Nayarit como parte de un ataque sistemático, lo que constituye crímenes de lesa humanidad bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).

El informe demuestra que entre 2011 y 2017, el exgobernador Roberto Sandoval y el fiscal Edgar Veytia, quien actualmente cumple una sentencia de 20 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico, crearon una estructura criminal dentro de la Fiscalía de Nayarit, a través de la cual habrían cometido actos de homicidio, tortura, robo de propiedad, extorsión y desaparición forzada.

El informe también detalla la falta de acción y negligencia de las autoridades locales de Nayarit en la investigación y enjuiciamiento de casos de desaparición forzada cometidos durante el gobierno de Sandoval, a pesar de los esfuerzos para obtener alguna medida de justicia realizados por colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada en el estado.

“Desde 2014 venimos documentando la existencia de crímenes de lesa humanidad en diferentes estados de México, cometidos por el crimen organizado, autoridades estatales o ambos actuando de manera conjunta. Es indignante que la Fiscalía de Nayarit, a la que acudieron las familias para realizar una investigación, fuera en realidad la entidad que habría cometido las desapariciones forzadas en Nayarit. Hoy le pedimos a las autoridades federales de México que reconozcan la existencia de crímenes de lesa humanidad y remitan el caso a la CPI”, agregó Jimena Reyes.

La FIDH e IDHEAS, junto con colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada con sede en Nayarit, solicitaron al recién electo Gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y al Estado mexicano que implementen reformas mediante un diálogo con las víctimas destinadas a evitar que sigan produciéndose desapariciones forzadas en Nayarit, y a la CPI que abra una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad en México, incluido Nayarit.