Ciudad de México. Soslayar una reforma fiscal por el lado del ingreso y dejarla sólo en los cambios administrativos y de combate a evasión de impuestos, como ha esbozado el Servicio de Administración Tributaria (SAT), “más pronto que tarde metería a nuestro sistema fiscal en un enorme riesgo sistémico”, advirtió Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Las presiones sobre el gasto son varias. De primera mano el servicio de la deuda y las pensiones, pero a ellas se suman necesidades “imperantes” que acentuó la pandemia de Covid-19: mejorar sistemas de salud, de educación, infraestructura; todos rubros con carencias para los que cualquier mejora requiere de más ingresos, abundó Villarreal en la presentación del informe Ingresos Públicos en México: Hacia un nuevo sistema fiscal.

Recalcó que si bien el combate a la evasión y elusión fiscal es “muy loable, nosotros lo aplaudimos”, los 200 mil millones de pesos —que es el margen adicional de ingresos que darían los cambios administrativos delineados por el SAT— no equivalen a más de 0.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo cual “probablemente sea muy poquito” para todos los requerimientos de gasto, lo que al final resultará en un riesgo macroeconómico.

En el informe presentado se detallan las principales fuentes de los ingresos del gobierno, se incorporan alternativas a ellas y los efectos que estas tendrían en términos financieros y de incidencia. Adrián García, investigador de Ingresos e Impuestos en el CIEP, explicó que el impuesto sobre la renta (ISR) a personas físicas y morales es la principal fuente de recursos en el país.

El ISR a personas físicas por una lado es progresivo, dado que muestran una tendencia al alza entre más gana un contribuyente, pero al mismo tiempo la tasa máxima en México es de 35 por ciento, por debajo del promedio de 42 por ciento en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y muy pocas personas en México la pagan, dado que aplica para quienes tienen ingresos anuales por arriba de los 3 millones 800 mil pesos, abundó.

Adrián García explicó que en general quienes pagan esta tasa máxima deben tener un ingreso 26 veces más alto que el promedio del resto de los mexicanos, siendo que esta brecha en el resto de la OCDE es 5.5 veces entre quienes ingresan y tributan la máxima tasa y el promedio de los contribuyentes de esas economías.

Sin embargo, al modelar el CIEP diversos incrementos al ISR para personas físicas se obtuvieron aumentos de recaudación de no más de 25 mil millones de pesos. Esto se debe a que en el país “la masa salarial es baja y resulta complicado incrementar la recaudación de este impuestos sin afectar a los hogares clase media y baja”, explicó.

Por el lado del ISR empresarial, García explicó que después del impuesto al valor agregado (IVA) es el gravamen que más deja al fisco, alrededor de 3.7 por ciento del PIB, y también llega a ser progresivo, dado que 63.6 por ciento de dicho gravamen se cobra indirectamente a 10 por ciento de la población con mayores ingresos. No obstante se requiere tapar huecos regulatorios para evitar la elusión o evasión, abundó.

Los impuestos al consumo equivalen a 6.2 por ciento del PIB, siendo los de mayor peso recaudatorio. No obstante, son regresivos porque afectan sobre todo a los hogares de menores ingresos, explicó García. Estos últimos pagan hasta 6 por ciento de sus ingresos en IVA, mientras su contraparte, 10 por ciento de los hogares que reciben el mayor ingreso, devuelven 1.3 por ciento.

Héctor Villarreal comentó que hay una tendencia en América Latina a querer resolver la falta de ingresos con impuestos al consumo. “La gente que cree que con IVA se va a arreglar todo, se va a quedar esperando”, subrayó. Dijo que gravar alimentos y medicamentos puede aumentar en un por ciento la recaudación, pero la implementación y operación de esquemas de devolución no lo hacen rentable.

Así que en su opinión, las modificaciones al sistema fiscal se deben buscar por el lado de la renta y de las contribuciones a la seguridad fiscal, incluso con impuestos al patrimonio, tema que si bien es polémico, “es una tendencia mundial y sí tiene que ponerse sobre la mesa” tras pandemia de Covid-19”. Agregó que también se debe hacer una revisión de los gastos fiscales, dado que muchos pueden ya no estar justificados, así como acotar la informalidad.

Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP, subrayó que hacer el sistema más progresivo también pasa por revisar cómo se está gastando. “Sí necesitamos más ingresos, pero también que se distribuyan de manera más equitativa”, enfatizó.