La publicidad vive una verdadera revolución. Cuando un influence r adquiere un producto de determinada marca sus seguidores compran esa mercancía. Aunque también sucede que las grandes personalidades pueden afectar negativamente al mercado, como acaba de pasar con Cristiano Ronaldo cuando, molesto, desechó dos envases de Coca Cola en una rueda de prensa. Las acciones de esa empresa perdieron 4 mil millones de dólares en un día. Así es la irracionalidad de los mercados publicitarios ante las grandes personalidades.

Pero quienes más dinero ganan son firmas como Google al rastrear a los usuarios para orientar a la industria publicitaria o Facebook que controla Instagram y Whatsapp y que tan sólo en México tienen 80 millones de usuarios. Estas plataformas cuentan con catálogos, tiendas y mercadotecnia digital que con rapidez desplaza a los medios publicitarios tradicionales.

Por ello, las autoridades del país y, en especial, de la Ciudad de México deben buscar la forma de cobrar impuestos adecuados a estas empresas y a los influencers, ya que obtienen pingües ganancias sin aportar recursos adecuados al gobierno local.

Por desgracia, en lugar de atacar ese nicho desde el punto de vista fiscal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, bajo el mando de Carlos Alberto Ulloa, por medio de la Dirección de Desarrollo Urbano, a cargo de Inti Muñoz (cercano a Miguel Mancera) intimida a los anunciantes de publicidad exterior a través de correos electrónicos, mensajes por redes sociales y documentos carentes de validez oficial, enviados desde el correo de Andrea Alvear Aceves, colaboradora de Inti Muñoz.

La reglamentación de la publicidad exterior es una atribución de las alcaldías, pero tal parece que algunos funcionarios de segundo nivel y que provienen del gobierno anterior quieren hacer su agosto a través de la intimidación a los anunciantes, por lo que el equipo de Claudia Sheinbaum ya estudia el caso.

Si de lo que se trata es de obtener más ingresos fiscales en beneficio de la Ciudad de México, el nicho que hay que atacar es el de plataformas digitales, ya que la publicidad exterior está sobrerregulada y paga los impuestos que corresponden. Por desgracia, las prácticas del pasado no se han erradicado y desincentivan la inversión en este sector que genera miles de empleos, siempre tan necesarios y más en esta época de pandemia.