El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha sido un actor cada vez más protagónico en la impartición de justicia. En la última década emitió en promedio 150 mil sentencias anuales, cifra que disminuyó el año pasado con la pandemia, de las cuales entre 52 y 54 por ciento quedaron firmes.
En 2020 recibió más de 127 mil nuevos ingresos en todas las instancias de la institución. También registró arriba de 94 mil sentencias y bajas, por cumplimientos, revisiones, desechamiento, sobreseimientos y quejas. De un total de 30 mil 244 impugnaciones interpuestas en el año, el Poder Judicial revocó seis mil 841, lo que equivale a 7.26 por ciento de ellas.
Asimismo, el interés económico controvertido en todos los asuntos tramitados en el tribunal, que son cuantificables, ascendió a más de 835 mil millones de pesos, lo que equivale a 3.62 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020.
Entre los casos más relevantes que ha resuelto el tribunal en esta década están los relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado. En mayo de 2014 ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) indemnizar por daño moral y patrimonial a la indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial, y reconocer públicamente su inocencia, luego de pasar más de tres años en la cárcel, junto con Alberta Alcántara y Teresa González. Meses antes, en noviembre de 2013, el TFJA ya había ordenado a la PGR indemnizar a Alberta Alcántara y Teresa González con un millón 72 mil 624 pesos a cada una, a fin de repararles el daño ocasionado por la fabricación de pruebas tras haber sido señaladas de secuestrar a policías federales.
En 2006 fueron acusadas injustamente por el presunto secuestro en Querétaro de seis elementos de la ahora extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), tras lo cual Amnistía Internacional las adoptó como presas de conciencia.
Fueron liberadas luego de que la Suprema Corte resolvió que eran inocentes de los cargos que la PGR les imputó. La disculpa pública de la dependencia se realizó por parte del procurador en turno Raúl Cervantes Andrade, en febrero de 2017.
El asunto más reciente fue la semana pasada, cuando el pleno del TFJA determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tendrá que indemnizar con 5 millones 469 mil 824 pesos por persona a la esposa, padre y madre del médico Jorge Otilio Cantú Cantú, ejecutado de manera extrajudicial el 18 de abril de 2011, cuando un comando del Ejército le disparó 29 veces y lo remató con seis tiros en el rostro, en Monterrey, Nuevo León. Por este caso cinco militares que participaron en el asesinato fueron sentenciados a 22 años y medio de prisión por el delito de homicidio calificado con ventaja.
