Para miles que huyen de la violencia en sus lugares de origen, México se ha convertido en una verdadera opción de refugio. Su histórica convicción de asilo, la fortaleza de sus instituciones y de la ley en la materia, el idioma, la cultura y la apertura para obtener empleos formales, entre otros factores, permiten hablar de la posibilidad del “sueño mexicano”.

Así lo expone el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mark Manly, quien observa en nuestro país una alternativa para quienes se han visto orillados a meter su vida en apenas una maleta y dejarlo todo en busca de una mejor vida.

Tradicionalmente, indica, Estados Unidos es el rumbo al que apuntan los cientos de miles que migran, pero en años recientes México es visto cada vez más como un lugar de destino. “Hay muchas personas refugiadas que ya nos hablan del sueño mexicano”, dice en entrevista con La Jornada.

Tras seis años al frente de la Oficina en México del Acnur, Manly se despedirá el próximo 15 de julio. En este periodo, testificó el histórico y alarmante incremento de personas que abandonaron sus países –en particular centroamericanos– persiguiendo oportunidades distintas y viendo en el refugio la opción para comenzar de nuevo.

El número de solicitudes de asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se multiplicó anualmente. Pasaron de 2 mil 137 en 2014 –un año antes que Manly llegara a México– a 70 mil 302 en 2019. A causa del Covid-19, en 2020 descendieron a 41 mil 303 (aunque fue el segundo año con el mayor registro), y de nuevo van al alza: en mayo de 2021 se rebasaron 41 mil trámites de asilo y se estima cerrar el año con más de 90 mil.

Manly dice estar convencido de que los gobiernos de la región, incluido Estados Unidos, deben crear soluciones conjuntas para evitar que las personas huyan de sus lugares de origen.

“Hay que resolver los conflictos armados y políticos; trabajar en la seguridad, en la gobernanza, en el estado de derecho, en el respeto a los derechos humanos, en el desarrollo económico y social. Se debe avanzar con el Plan de Desarrollo Integral que encabeza México para los tres países del Triángulo Norte; al igual que en el Marco Integral Regional de Protección y Soluciones, que abarca todo Centroamérica y a México, con el que se buscan mayores espacios de protección.”

En su análisis, no deja fuera la responsabilidad para la administración de Joe Biden de corregir los desatinos en materia de asilo de su antecesor: debe levantar rápidamente las restricciones relacionadas con la salud pública que siguen vigentes en la frontera bajo el llamado Título 42; al igual que restablecer el acceso al asilo para las personas cuyas vidas dependen de éste, de conformidad con las obligaciones legales internacionales y de derechos humanos.

En el caso de México, recuerda que hace seis años la gente desconocía la capacidad institucional y normativa, al igual que la tradición de asilo del país.

Ante ello, la oficina a su cargo centró sus esfuerzos a orientarlos y brindarles asesoría, a la vez de trabajar de la mano con autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles y hasta iniciativa privada para abrir opciones.

Amplió además la presencia del Acnur en México: de tres oficinas ubicadas en el sur, pasó a 17 en diversos puntos del país, incluido norte y centro; y consolidó un proyecto para reubicar e integrar, a través de empleos formales, a 10 mil refugiados y sus familias, y este año se beneficiará a 18 mil más.

El marco normativo nacional, dice, “es muy favorable”, pero hay retos como resolver carencias en la política pública y aplicación de la ley; hay que fortalecer a la Comar, ampliar su presupuesto y su plantilla; simplificar los procedimientos para recibir y resolver los trámites de asilo; favorecer las opciones para que quienes soliciten refugio puedan hacerlo en puntos fronterizos o aeropuertos internacionales, sin ser detenidos en estaciones migratorias; brindar mayor protección a las niñas, niños y adolescentes, viajen o no solos.

Un punto central para la integración y protección estas personas, subraya, es la inclusión financiera. Prácticamente la totalidad de los bancos –salvo uno– no reconocen los documentos de asilo emitidos por el Instituto Nacional de Migración, lo que debe resolverse.