Maribel Hernández trabajó el año pasado en el estado de Luisiana en una planta procesadora de mariscos con una visa H-2B. Cuando se contagió de Covid-19, junto con un centenar de compañeros, su empleador los despidió y alertó a las autoridades migratorias.

“Fue una experiencia horrible” y entonces decidió presentar una queja ante la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), que finalmente la rechazó. A partir de ello, expresa, “descubrí que como trabajadoras migrantes no nos hacen valer nuestros derechos en cuestiones de salud ni en servicios legales gratuitos”.

Hernández es una de las ocho trabajadoras migrantes cuyos testimonios serán puestos a consideración de los gobiernos de México y Estados Unidos en el contexto de la primera reunión del Consejo de Trabajo, que este martes presentará el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), en virtud del Capítulo 23 (laboral) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Este Consejo se integra por “representantes gubernamentales de alto nivel”, de los ministerios de comercio y trabajo; debe reunirse un año después de la fecha de entrada en vigor del T-MEC (primero de julio) y posteriormente cada dos años.

La primera reunión del Consejo laboral consistirá en dos partes: una sesión privada entre los representantes de los tres gobiernos, donde se abordarán la implementación del Capítulo 23 y sus obligaciones laborales. Y una sesión pública para discutir asuntos relacionados con su instrumentación, donde las autoridades antes mencionadas atenderán preguntas recibidas previamente por escrito.

En entrevista con La Jornada, Evy Peña, directora de Comunicaciones del CDM, indicó que el documento contiene los testimonios de trabajadoras que identifican los problemas prioritarios que enfrentan las comunidades de migrantes, ofrecen propuestas de cooperación bilateral para abordar los abusos y plantean cuestionamientos para las partes del T-MEC.

“Uno de los temas principales es la discriminación de género en los programas de trabajo temporal, de eso se trata nuestra queja. Es muy importante que este proceso sea incluyente, transparente y que sea accesible a la sociedad civil y las personas migrantes”, apuntó.

La especialista comentó que si bien la reforma laboral y la libertad sindical serán dos asuntos fundamentales, “queremos asegurarnos de que el tema de la migración laboral sea un punto de sinergia que pueden abordar en conjunto los gobiernos de México y Estados Unidos”.

Entonces, a partir de las voces y relatos disponibles, “nuestro mensaje es: ¿qué es lo que van a hacer con las historias y preguntas de las personas migrantes?’”

Hernández expuso que “es muy fácil que los empleadores nos despidan”, y como la visa H-2B depende de ellos, no pueden cambiar de trabajo. En estos programas, “los empleadores tienen demasiado poder”.

Luz Hernández, otra trabajadora migrante, secundó: “Al gobierno de Estados Unidos quiero preguntarle, ¿qué planes tiene para dar más movilidad a los migrantes en los programas de visas de trabajo para no depender tanto del patrón?”

Al respecto, Peña señaló que el T-MEC debe ser visto como “una herramienta para la protección de personas trabajadoras de una manera holística e integral”. Y a partir de ello asegurarse de que se están “elevando las condiciones laborales para todas las personas trabajadoras a lo largo del corredor comercial”, incluyendo a los migrantes.