Morelia, Mich., La jefa de tenencia de Zirahuén, Flor Árciga Ramírez, denunció que un grupo de políticos, productores de aguacate y empresarios pretenden echar abajo el proyecto para que la comunidad reciba de la Federación y del estado el presupuesto directo que le corresponde e instaure un gobierno por usos y costumbres.
Aseguró que este grupo respalda la pretensión de despojar al poblado de 90 hectáreas, por lo que desde hace tres semanas los comuneros instalaron barricadas.
Dijo que ayer dicha facción, encabezada por la familia Arreola y militantes de varios partidos se plantaron en la plaza e impidieron la consulta para que los habitantes de Zirahuén decidan sobre la entrega directa de presupuesto. Los resultados del plebiscito serían avalados por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
El sondeo, previsto para las 14 horas, fue suspendido y la asamblea general no se celebró. Los representantes del órgano electoral pospusieron la consulta.
“Los integrantes de ese grupo pidieron mi renuncia y tomaron la oficina. Los dueños de servicios turísticos a orillas del lago y los aguacateros movieron a su personal; se apoyaron con gente del ayuntamiento de Salvador Escalante y con algunos líderes locales de partido”, aseguró Árciga Ramírez.
Los acusó de pretender dividir a la comunidad “dando mala información al decir a la gente que ya no habrá apoyo de los gobiernos federal y del estado, que no habrá policía estatal, que llegará gente encapuchada y que quiero seguir al frente de la jefatura de tenencia para gastarme el presupuesto.
“No he recibido un solo centavo. De aprobar el IEM la consulta ciudadana llevará algunas semanas la entrega del presupuesto directo, que es de alrededor de 6 millones de pesos anuales.”
Puntualizó que aun si el IEM avala constituir un gobierno comunal autónomo, ello “no significa que instalaremos una ronda comunitaria con elementos encapuchados. Estamos bien con la policía estatal y no se afectará la vida económica y social de Zirahuén, pero sí defenderemos nuestros derechos”.
Agregó que los que defienden el sistema de partidos pretenden que se instale un complejo turístico en las 90 hectáreas en disputa.
