Independientemente de la resolución de la Suprema Corte de Justicia prevista para este lunes, el Senado debe retomar los trabajos de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, pendiente desde abril debido a los cambios que hicieron los diputados y que acabaron con el contenido social de la misma, advirtió la senadora de Morena Jesusa Rodríguez Ramírez.

Respecto de la posibilidad de que la Corte formule la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Salud que el Congreso no modificó, pese a que el máximo tribunal otorgó dos prórrogas, opinó que “es impresionante” que ambas cámaras no hayan podido cumplir con su responsabilidad, y consideró que el Poder Legislativo debe reflexionar y transformar sus formas de trabajo. Pero, sobre todo, agregó, es urgente que la regulación de la mariguana con fines recreativos y científicos forme parte de la agenda prioritaria del Senado para el próximo periodo de sesiones que comienza en septiembre.

Recordó que fueron tres años de trabajo y, al final, en abril, el Senado decidió no avalar las modificaciones que los diputados formularon a la minuta ya que, además de violar derechos humanos de los consumidores de cannabis, acabaron con el contenido social de esa reforma, al eliminar el trato preferencial a campesinos, ejidatarios, comunidades indígenas y marginadas en la producción de esa droga.

Hubo fuertes intereses económicos y presiones, ya que la minuta que se aprobó en San Lázaro dejó a los pequeños y medianos agricultores fuera y la intención de la reforma aprobada en el Senado fue que las grandes corporaciones, sobre todo farmacéuticas, no se aprovecharan de la situación, agregó.

Cambios, en San Lázaro

La propuesta del Senado establecía que a esos grupos de campesinos, indígenas y de comunidades marginadas, o que hubieran padecido el asedio de narcotraficantes, se les otorgaría al menos 40 por ciento delas concesiones para el cultivo de mariguana, durante un periodo no menor a cinco años, luego de la entrada en vigor de la ley.

Los diputados cambiaron la redacción del artículo sexto transitorio para eliminar ese porcentaje y sólo señalaron que, “como medida de justicia social, tendrán preferencia las solicitudes de licencia que presenten ejidatarios, comuneros, campesinos, comunidades indígenas a título personal o por conducto de empresas o cooperativas, durante una vigencia máxima de tres años, contados a partir del inicio de la expedición de licencias”.

Al final, en el Senado se decidió no avalar esos cambios al no cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte al Congreso, además de que “contiene antinomias, disposiciones inconstitucionales y significa una modificación sustancial al trabajo del Senado”.

Rodríguez Ramírez insistió en que se tiene que seguir adelante y lograr la regulación del consumo y producción de cannabis en favor de una ley de avanzada, más allá de los prejuicios de la derecha, de los intereses comerciales y de las prácticas ya obsoletas en el Congreso. “Es un buen momento para hacer autocrítica en ambas cámaras, porque tenemos que funcionar mejor en beneficio de los ciudadanos y sus derechos”.