La pandemia, así como los recortes presupuestales derivados de sus impactos económicos, obstaculizan las posibilidades de que México cumpla con la Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En su más reciente revisión a los avances de este plan para erradicar la pobreza extrema, proteger al planeta y asegurar la prosperidad, la ASF señala que si bien se trata de un compromiso de Estado, los recursos públicos serán insuficientes para cumplir la Agenda 2030, por lo que plantea que la única vía para alcanzar las metas es una alianza con la IP.
La Agenda 2030, que entró en vigor el 1º de enero de 2016, es, de acuerdo con Naciones Unidas, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de la ONU aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.
En opinión de la ASF, en 2020, se materializaron riesgos que obstaculizan el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Estado mexicano en la Agenda 2030, con mayores limitaciones presupuestarias por las posibles reasignaciones de gasto y nuevas prioridades surgidas de la pandemia, lo cual repercutirá en la disponibilidad de recursos públicos para cumplir con el plan.
En una revisión hecha en el contexto de la fiscalización de la cuenta pública 2019, la ASF señala que aunque el Covid-19 es una limitante para alcanzar los objetivos de la Agenda, no sólo en México, sino en todo el mundo, el gobierno ha tomado medidas para impulsar su cumplimiento.
“El Ejecutivo federal ha impulsado acciones para avanzar en la ejecución de la Agenda 2030, pero la materialización de riesgos como el Covid-19 ha requerido la reorientación del gasto y propiciado la reducción de los ingresos públicos”.
Por ello, la ASF plantea que “es necesaria la participación del sector privado en proyectos de desarrollo sostenible, ambientales, verdes y sociales, debido a que actualmente tiene una baja contribución”.
Añade que si bien la Agenda 2030 es un compromiso de Estado, “el financiamiento corresponde a una alianza público-privada, porque los recursos públicos serían insuficientes para cumplir la Agenda 2030, más aun cuando la pandemia exacerbó las limitaciones presupuestarias”.
En su análisis, la Auditoría señala que la emergencia sanitaria implica una redefinición en las prioridades nacionales, en las que se destaca el preservar la salud y el mayor número de vidas posible, pero esto no significa dejar la Agenda 2030 de lado. “Al contrario, se deben reforzar los compromisos asumidos debido a que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible representa mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población, en específico, de los menos favorecidos, quienes también han sido los más afectados por la pandemia”.
