En la edición virtual de la 43 Marcha del Orgullo LGBT –la segunda que se lleva a cabo de esta manera por la pandemia de Covid-19–, organizadores encabezados por el Comité IncluyeT demandaron “poner un alto a las violencias hacia las diversas expresiones de identidades de género y orientación sexual”, así como acciones dirigidas a esta población para garantizar sus derechos a la salud, al trabajo y la educación.

En la actividad participó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. El gobierno no cejará “no sólo para combatir los crímenes de odio, sino cualquier forma de discriminación o exclusión social, pues nadie puede imponer a otra persona su punto de vista ni sus valores éticos o morales”, afirmó.

En un mensaje videograbado manifestó que el Estado se apegará plenamente a los estándares internacionales para que a toda persona se le reconozca su identidad de género “a partir de la decisión que ellos mismos tomen respecto de cómo la perciban y se manifiesten, al tiempo de fortalecer las acciones para erradicar los crímenes de odio”.

Añadió que pronto se dará a conocer el programa especial para combatir todas las formas de discriminación “y entender una vez más que todas, todos y todes mexicanos tienen el derecho de vivir plenamente sin que ninguna institución ni el Estado ni las iglesias ni ninguna persona les imponga su forma de vida”.

La movilización virtual, que duró 10 horas, comenzó al mediodía en un ambiente de celebración y miles de internautas dando seguimiento a las presentaciones musicales así como a las cápsulas informativas sobre la diversidad sexual que se transmitieron por YouTube y Facebook, entre otras.

En su posicionamiento político, integrantes del Comité IncluyeT, que año con año ha sido el organizador de la marcha por el orgullo LGBT, expusieron que durante la pandemia los tipos de violencia hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales no han disminuido, sino, por el contrario, “en algunos casos se han incrementado ante la ausencia de resultados contundentes para prevenirlas, combatirlas y erradicarlas”. En 2020, agregaron, al menos 14 activistas fueron asesinados.

Además, manifestaron preocupación por la estigmatización y criminalización de quienes viven con VIH “con el silencio de las autoridades. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) sigue sin presidencia y ausente en la opinión pública”.

En su pliego petitorio también demandaron la creación de un registro oficial en materia de crímenes de odio.