El ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro está actuando de manera cada vez más descontrolada y agresiva.
Dicen los especialistas que se trata de una reacción normal en los sicópatas: cada vez que se sienten acorralados, reaccionan con creciente violencia. Y, más que acorralado, lo que se ve en Brasil es un presidente que se derrite a cada día en todos los sentidos. Su popularidad se desmorona, su gobierno no gobierna.
Para colmo, ahora explota un escándalo de corrupción que podrá llevar a los militares que lo rodean y al empresariado que todavía lo respalda, destacadamente el agronegocio, a alejarse.
A lo largo de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia (en 2018), Bolsonaro reiteraba que no se uniría al llamado “centrazo”, grupo de partidos de derecha que no se venden, se alquilan (desde la redemocratización, en 1985, estuvieron en todos –todos– los gobiernos), y daría combate incesante a la corrupción.
Se trataba, a propósito, del mismo “centrazo” que ahora se alquiló a su gobierno. Bolsonaro olvidó que cuando él era diputado nacional, era integrante, aunque oscuro, la del “centrazo”.
En cuanto a corrupción, se olvidaba que, junto a sus tres hijos que actúan como parlamentarios, mantenía el esquema de contratar falsos asesores y quedarse con la mayor parte de sus sueldos.
También olvidó que la actual primera dama (el gran defensor de la gran familia tradicional se ha casado tres veces) recibió depósitos raros, por decir lo menos, del administrador de los dineros de la familia.
Pues ahora una bomba cayó en sus rodillas.
El pasado viernes, en una sesión de la Comisión de Investigación del Senado que indaga sobre los equívocos y fallas en el enfrentamiento de la pandemia de Covid-19 que ya mató a por lo menos 515 mil brasileños, el país se sacudió oyendo la denuncia –con sobradas pruebas– de un intento de corrupción en la compra de vacunas.
Supo también que Bolsonaro fue advertido de la maniobra y que no hizo nada para impedirla. Y que él mismo expresó que el responsable era Ricardo Barros, vocero del gobierno en la Cámara de Diputados.
La denuncia fue presentada en la Comisión de Investigación por un diputado que hasta ahora era aliado de Bolsonaro, y que tiene un hermano que es funcionario en el Ministerio de Salud. El diputado se llama Luis Claudio Miranda, y el hermano funcionario Luis Ricardo Miranda.
Lo que ambos dijeron para los senadores que los interrogaban fue amparado por pruebas, grabaciones inclusive.
Se trató de un esquema sencillo: Ricardo Barros, desde los tiempos en que fue ministro de Salud del gobierno de Michel Temer, luego del golpe institucional que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016, mantiene vínculos con una empresa farmacéutica llamada Precisa, involucrada en ventas al gobierno federal que jamás fueron realizadas. Ya se comprobaron desviaciones de al menos 4 millones de dólares que fueron recibidos por medicamentos jamás entregados.
Desde el año pasado el gobierno de Jair Bolsonaro postergó al máximo la compra de biológicos que eran ofertados insistentemente. Sólo de Pfizer fueron presentadas más de 30 ofertas a partir de mediados de 2020.
Hubo una única excepción: la oferta de la vacuna india Covaxin, cuya eficacia es tan dudosa que siquiera se aplica en amplia escala en India.
Presionado por sus superiores en el Ministerio de Salud para que liberase compras por alrededor de 300 millones de dólares, Luis Ricardo Miranda apeló a su hermano diputado, Luis Claudio, cercano a Bolsonaro.
El pasado 20 de marzo los dos tuvieron una reunión con el mandatario en la residencia presidencial. Llevaron todas las pruebas y relataron las presiones, en especial de los uniformados esparcidos por el ministerio, para apresurar la compra del antígeno Covaxin sin tener autorización de las autoridades sanitarias. Advirtieron que el precio pedido por Precisa era mucho mayor que el de todas las demás ofertas.
Oyeron de Jair Bolsonaro dos cosas. Una: que pondría a la Policía Federal para investigar el caso. La otra: “eso es cosa de Ricardo Barros y meter la mano en ese asunto es como meterla en la mierda”.
La Policía Federal jamás fue alertada. Y pasados tres meses, la compra sólo no se hizo porque Luis Ricardo Miranda se negó a cumplir las órdenes de sus superiores y optó, junto al hermano diputado, hacer una denuncia pública.
Y con un agregado: los dos contaron a los senadores de la Comisión de Investigación que uno de los hijos del presidente, el senador Flavio, se inmiscuyó en la trama.
Los próximos días serán de tensión máxima, tanto para la familia Bolsonaro como para el país.
La Comisión de Investigación del Senado tiene ahora un nuevo blanco. Puede ser el principio del fin del peor gobierno de la historia de la República en Brasil.
