Los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales, en particular del agua, están bajo acoso. El pueblo yaqui en Sonora siempre ha enfrentado agresiones y represiones que ahora se dan en un contexto de crisis del líquido en la región, además de que se relacionan con fuerzas estatales y locales vinculadas a trasnacionales, señalaron académicos.

Tan sólo entre 2012 y 2018 casi la mitad de los 65 ataques, amenazas e intimidaciones que hubo a defensores ambientales en el rubro hidráulico están relacionados con la construcción del acueducto Independencia en Sonora, indica el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México 2019 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). En el balance de 2020 reportó que en todo el país hubo 12 ataques dirigidos a comunidades defensoras del agua, suelo y territorio.

El acueducto Independencia, al que se ha opuesto la tribu yaqui y planeado por el gobierno desde 2010 para llevar agua del río a Hermosillo, “era el sello para dejarlo prácticamente sin agua, ya que tras el decreto de Lázaro Cárdenas de que 50 por ciento de las aguas del río era para los yaquis y el otro 50 por ciento para los agricultores, el gobierno lo que hizo fue construir presas, el agua se desvió a los campos agrícolas y el caudal desapareció”, sostuvo el abogado Francisco López Bárcenas en entrevista.

Consideró que el acoso a las comunidades de la región se acentuó desde 2016 y comenzó contra los opositores al gasoducto en la comunidad Loma de Bácum. Ahora, agregó, con el plan de justicia del pueblo yaqui, que impulsa el gobierno federal, se dice que se va a devolver el agua, pero ya ni siquiera hay caudal natural.

El plan de justicia del pueblo yaqui ha puesto en alerta a los acaparadores, que en combinación con el cacicazgo y el crimen organizado tienen una campaña para aterrorizar al pueblo. En “la lucha por el agua, están en juego los derechos de los pueblos originarios que, con distintos niveles de organización y cohesión, están dando luchas”, apuntó Pedro Moctezuma, del programa de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana e integrante de la coordinadora Agua para Todos, tras confirmarse el asesinato del vocero Tomás Rojo.

Las afectaciones de acuíferos y cuerpos de agua se han acentuado, ante lo cual las comunidades han optado por la lucha jurídica y las movilizaciones.

Pese a logros que obtuvieron, incluso cuando en 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de la operación del acueducto Independencia, el gobierno de Sonora y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) violaron los acuerdos, sostuvo Leticia Merino, investigadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (Susmai).

En este contexto se ve que no se pueden respetar los derechos si no se cambia el régimen actual establecido con la Ley de Aguas Nacionales, con su sistema de concesiones, “es necesario cambiar las reglas de juego, impulsar leyes desde abajo, como la iniciativa ciudadana de la ley general de aguas”, señaló.

Carlos Vargas, también académico, aseveró que para los pueblos el agua es sagrada, “por algo persisten sus cuerpos de agua. Porque tienen un especial cuidado, es sagrado, y representan una amenaza al gran capital y enfrentan la voracidad del negocio con el agua. Esto se ve no sólo con la nación yaqui, sino con los pueblos que son despojados por las megaobras”.

La investigadora Eloísa Domínguez refirió que en Hermosillo hay zonas donde se presentan los mayores abatimientos de niveles de agua, hay una gran intrusión salina, es un “acuífero cadáver”.