Managua. El periodista y ex diputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios fue detenido y acusado de menoscabar “la independencia, la soberanía y la autodeterminación” de Nicaragua, en medio de una campaña de arrestos contra figuras y precandidatos presidenciales opositores al gobierno de Daniel Ortega, a menos de cinco meses de las elecciones generales, informó ayer la policía nacional en un comunicado.

Con él suman 21 personalidades detenidas desde el pasado día 2, acusadas de delitos graves, incluyendo lavado de dinero, terrorismo y “traición a la Patria”. Su hermana Cristiana, precandidata presidencial, fue la primera en ser aprehendida y está bajo arresto domiciliario.

Su otro hermano, el periodista Carlos Fernando, director de la revista Confidencial y del programa televisivo Esta Semana, confirmó el martes que se vio obligado a salir del país junto a su esposa, Desirée Elizondo, tras el allanamiento ilegal de su casa y la persecución política por parte del gobierno. Es la sexta figura en tomar la vía del exilio.

Los tres son hijos de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), postrada en su casa por su delicado estado de salud, y del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por sicarios del derrocado dictador Anastasio Somoza en 1978 y declarado “mártir de las libertades públicas” por el primer gobierno sandinista en 1980.

Los Chamorro son una de las familias políticas con más historia en Nicaragua. En el pasado, algunos miembros fueron aliados de Ortega, un antiguo comandante rebelde que gobernó por primera vez Nicaragua en la década de 1980, después de que los izquierdistas sandinistas llegaron al poder en 1979 tras derrocar a Somoza. Pero con el tiempo todos se separaron de Ortega y Violeta puso fin a la primera etapa sandinista en el poder cuando ganó las elecciones de 1990 para convertirse en presidenta.

Las autoridades detuvieron a Pedro Joaquín la noche del viernes por “pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización; proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones; demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos”.

Todos los delitos están consignados en la ley 1055, aprobada recientemente por el Parlamento de mayoría oficialista y que se aplica para la “criminalización” de los opositores.

Entre los otros arrestados están otros cuatro precandidatos presidenciales: el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Pedro y Cristiana), y el periodista Miguel Mora.

También figuran dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas, dos ex trabajadores de una ONG, un cronista deportivo, una ex diputada y un conductor, reportó Confidencial.

Pedro Joaquín es miembro de la derechista Alianza Ciudadanos por la Libertad, una de las agrupaciones acreditadas ante el tribunal electoral para las elecciones generales del 7 de noviembre, y según la presidenta de esta fracción, Kitty Monterrey, irá a la contienda con el candidato que quede disponible.

A menos de cinco meses de las votaciones, ante los arrestos la oposición aún no tiene un candidato claro. La inscripción de los contendientes será entre el 28 de julio y el 2 de agosto, según el calendario electoral. Ortega busca relegirse para un cuarto mandato.

Las detenciones han desatado fuertes protestas de varios países, entre ellos Estados Unidos, que puso en su lista negra de sanciones a varios funcionarios nicaragüenses, incluida la hija de Ortega. Entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, se han sumado al rechazo de la represión.

Los opositores presos no son “candidatos ni políticos”, sino “criminales” que atentaron “contra la seguridad del país” y trataron de organizar un “golpe de Estado”, afirmó Ortega ante la presión internacional para liberar a los detenidos.