Guadalajara, Jal., Con una disculpa pública y el pago de 293 mil pesos por reparación de daños a 16 víctimas, cuatro policías recibieron la “suspensión provisional del proceso” (quedaron libres) tras ser procesados por el llamado halconazo del 5 de junio de 2020 contra decenas de jóvenes que se manifestaban por la muerte de Giovanni López, quien fue detenido y asesinado por agentes de Ixtlahuacán por presuntamente no usar cubrebocas.
La “suspensión condicional del proceso” fue otorgada por el juzgado octavo de control, cuyo titular, Javier García Muñoz, resolvió que los dos mandos y dos policías investigadores de la Fiscalía de Jalisco fueran vinculados a proceso, sólo por abuso de autoridad el 7 de septiembre de 2020, y obtuvieran su libertad.
El juzgador estableció que los policías Jairo Humberto, Óscar Francisco, Rubén y Noé Saúl, debían pagar una reparación del daño de 278 mil pesos a las víctimas, y un pago extra de 15 mil pesos en beneficio de una asociación civil que se definirá antes de que se cumplan 6 meses.
El 8 de junio, el juez decimoprimero de control y juicio oral del primer distrito judicial, Raúl Valdés Arredondo, también otorgó la suspensión condicional del proceso a otro imputado, Salvador N, quien igualmente fue vinculado a proceso por abuso de autoridad, pero con un pago de 35 mil pesos, disculpa pública y un curso de derechos humanos le fue también otorgada la suspensión de su proceso.
Aunque las agresiones en su momento fueron calificadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como “desapariciones forzadas”, tortura y detenciones arbitrarias, donde participaron decenas de agentes tanto de la fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal, a los únicos cuatro vinculados sólo se les acusó de abuso de autoridad.
El 5 de junio de 2020 al menos 80 jóvenes fueron agredidos por un centenar de policías de la fiscalía y la SSP del estado, cuando protestaban en las inmediaciones de la primera dependencia.
El colectivo 5 de Junio Memoria dijo apoyar la decisión de los 16 afectados, de llegar a un acuerdo, el cual permite que el proceso contra los uniformados concluya sin penalizar las graves violaciones que cometieron, respaldo que, señalaron, debe considerar el miedo por alguna represalia.
