San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que “la tortura en México no se ha erradicado”, pues se sigue utilizando “para obtener confesiones y fabricar culpables, a pesar del compromiso de cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su Protocolo Facultativo”.
En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, ayer, el organismo manifestó que “en las fiscalías de Chiapas y en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto se sigue torturando. Durante la estancia de una persona detenida se inicia esa práctica, que dura varias horas, de golpes en el cuerpo, toques eléctricos, bolsas de plástico en la cabeza, amenazas sicológicas, entre otras”.
Señaló que “esto no puede justificarse bajo ninguna circunstancia y debe garantizarse que las personas privadas de la libertad, sobre todo las mujeres, estén protegidas contra cualquier posible acto de tortura, violencia sexual o discriminación por motivos de género”.
El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, aseguró que “en lo que va del año, el Frayba ha registrado ocho casos de tortura, de los cuales tres incluyen una solicitud de jueces de los municipios de Comitán y Cintalapa a fin de aplicar el Protocolo de Estambul para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
Agregó que “quienes sufren graves secuelas por la tortura en las cárceles se enfrentan a una falta de atención a su salud, lo que pone en riesgo su vida, integridad y seguridad personal”.
Destacó que en el contexto de la pandemia por Covid-19, “la obstrucción al trabajo de documentación y defensa de los casos de tortura ha aumentado, pero órganos de segunda instancia no protegen a las personas que tienen el valor de denunciar la tortura”.
En su comunicado mencionó que tienen el caso de un torturado en libertad y ahora cuenta con orden de aprehensión porque “la Sala Regional Colegiada Mixta revocó la sentencia absolutoria que había emitido un juez, que aplicó el criterio de exclusión de los medios de prueba por haberse obtenido bajo violaciones a derechos humanos”.
Expresó que diversos organismos de derechos humanos “han señalado que la tortura es un crimen de lesa humanidad y no debe permitirse que tales actos se mantengan en la impunidad; a la fecha, las investigaciones de muchos casos se encuentran paradas y no hay señalamiento a responsables para que sean llevados a juicio ni mucho menos una reparación integral”.
