Ciudad de México. A dos años y medio de gobierno, la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el empresariado ha ido del acercamiento, al distanciamiento y hasta la confrontación, considera Mauro Jarquín Ramírez.

El autor de un libro de reciente publicación, en el que analiza la forma en que la iniciativa privada ha buscado ganar espacios en la educación, añade que ambas partes coinciden en la necesidad de aumentar la inversión pública y privada.

El politólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo en entrevista a La Jornada que las elecciones de 2024 serán muy importantes para el sector privado ante la posibilidad de que surja un candidato que haga frente a la propuesta de Morena.

“Ha habido tres formas en las cuales se ha dado esta relación entre el sector privado y el presidente, tanto sentido de acercamiento como distanciamiento e incluso de confrontación. Partiendo del hecho de que el sector empresarial tiene distintos intereses económicos, de corte político y tiene proyectos de país a largo plazo”, comentó.

El también colaborador de esta casa editorial comentó que en algunas dimensiones existe cercanía con el gobierno actual, mientras en otras se ha observado una abierta confrontación.

Recordó que derivado de la pandemia de Covid-19, la inversión pública y privada ha disminuido, lo cual fue atribuido por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado a “prácticas hostiles del gobierno respecto a la iniciativa privada”, por lo que sugirió que para alcanzar la recuperación económica es necesario un cambio.

En contraste, dijo, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) publicó recientemente que México entró en el top 10 de los países con mayor recepción de inversión extranjera directa en 2020. “Esto nos habla que hay una política favorable a la inversión extranjera”.

Consideró que hay un acercamiento importante respecto de la inversión.

“Tanto el gobierno como el sector privado coinciden en que es necesario reactivar la inversión para salir adelante. El propio presidente ha dicho que no es suficiente y tiene la razón.”

Los inversionistas privados han dicho “nosotros queremos invertir, pero que existan condiciones para la inversión”, añadió.

El encuentro a principios de junio entre el mandatario y empresarios del Consejo Mexicanos de Negocios (CMN), fue positivo para ambas partes, calificó Jarquín, pues acordaron incrementar la inversión, lo cual se conjuga con el anuncio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del tercer paquete de proyectos en infraestructura.

El segundo acercamiento es la decisión del presidente López Obrador de no aumentar ni crear más impuestos. Idea que ha sido respaldada por el líder del CCE, Carlos Salazar Lomelín.

“El Presidente quiere que haya inversión privada, el gobierno mexicano la necesita en estos momentos de crisis y los inversionistas necesitan invertir para obtener ganancias”, apuntó.

Desacuerdos

En contraste, señaló que el sector privado está en desacuerdo con la reforma eléctrica y las modificaciones constitucionales.

Comentó que la iniciativa privada rechaza los cambios que fortalecen a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El sector empresarial argumenta que habrá alzas en la energía que consumen las empresas, lo que se reflejará en el encarecimiento de los productos y servicios que ofrecen e impactará a los sectores más desfavorecidos.

Aunado a ello, los empresarios advierten afectaciones a una gran cantidad de inversiones, lo que va a tener un efecto en el crecimiento económico del país.

Sobre las reformas constitucionales, que han puesto a discusión la integración de la Guardia Nacional a la Sedena o el papel del INE en la democracia nacional, destacó el lanzamiento de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de un observatorio ciudadano para el cumplimiento de la Constitución.

Dijo que los observatorios son mecanismos “para construir presión social respecto de un asunto público, como lo hizo Claudio X González años atrás para mostrar los problemas que consideraban que existían en la educación.

Mencionó que se busca judicializar iniciativas presidenciales en vez de llevarlas al ámbito de la política.

“Judicializar la democracia no es el camino para fortalecer el país. Al contrario el camino para fortalecer la democracia tiene que ser el debate público. Ahí la oposición al parecer no ha querido entrarle de manera abierta.”

Reconfiguración

Destacó que tras los comicios del 6 de junio hay una reorganización político-electoral, pues no existe un rechazo hacia el proyecto de López Obrador, como piensan sus opositores, pero tampoco un respaldo total como lo ve Morena.

Consideró que “el resultado de la elección no es tan malo para ninguno de los dos grupos”. Agregó que las elecciones de 2024 serán de gran importancia para el sector privado, pues no descartó que el empresariado “promueva alguna candidatura, algún perfil emanado de la sociedad civil”, para que haga frente a la propuesta de López Obrador.

Injerencia

Jarquín Ramírez señaló que en su libro La pedagogía del capital aborda el camino sinuoso que durante décadas el empresariado mexicano ha recorrido para estar presente en la política educativa.

Desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, los empresarios han accedido a espacios en la educación para incorporar necesidades de manera más efectiva a la agenda gubernamental.

En el actual gobierno, dijo, hay una continuidad en la política educativa desarrollada en función de ideas empresariales, a pesar del distanciamiento entre el sector privado y la actual administración.

Destacó que si bien la educación pública es ofrecida por el Estado, puede privatizarse, “sobre todo cuando hay una fuerte presencia de empresarios”.

“La visión predominante del proceso educativo se ha asociado más bien a una perspectiva de generación de capital humano en las escuelas y no de ciudadanos democráticos, íntegros, críticos, etcétera”, anotó.

“Hablando de un gobierno progresista, mientras no se atienda el campo educativo como un espacio de transformación real, no se va a poder hablar de un futuro distinto.

“Para separar el poder económico y político de la educación se tiene que hacer primero una reformulación de las ideas que rigen la educación y en el caso mexicano las ideas empresariales son las que rigen todavía, de modo que es imposible en esta circunstancias separar los intereses privados y económicos de la educación pública”, concluyó.