A pesar de la sólida evidencia sobre el tibio ajuste pensionario al Apartado A que operó el decreto AMLO-Noriega Curtis del 20 de diciembre 2020 –que sólo patea el bote al próximo sexenio 2024/30– Gerardo Esquivel, subgobernador de Banco de México (Banxico), se atreve a festinarlo interesadamente como una “reforma” que, evidentemente, no es.
Muy convencido, arropándose en recientes informes del Infonavit y Banxico, el 5 de marzo 2021, comunicó que ellos confirman los “resultados más importantes” de su bautizada “reforma”. ¿Cuáles? Reducción del número de semanas necesarias para acceder a una pensión: de mil 250 a 750, aunque aumentarán gradualmente a mil. Cambio en el diseño de la pensión mínima garantizada, que aumenta con el salario y las semanas cotizadas. También se modifica el aumento gradual en las contribuciones obligatorias a 15 por ciento del salario base de cotización. Él provendrá de una mayor aportación patronal y de la redistribución de la contribución del gobierno.
Para Esquivel todo es miel sobre hojuelas: sin su bautizada “reforma”, sostiene, el trabajador “no” habría obtenido pensión bajo el régimen anterior”. Su ánimo festinante –casi de porrista oficial– y su falta de entendimiento técnico del asunto le impide ver que el tibio ajuste del decreto AMLO- Noriega Curtis es más de lo mismo, pero más caro. Mal síntoma en un porrista que habla como subgobernador.
En realidad, el decreto es una salida de emergencia para posponer momentáneamente la explosión del Sistema de Ahorro para el Retiro, privatizado por Ernesto Zedillo en 1997, imponiéndose la inviable capitalización individual como vía única para pagar pensiones.
Pero lo más grave es que el decreto confirma que en la 4T persiste la tendencia neoliberal para proseguir desgravando la obligación patronal con sus trabajadores, descargándola ahora –y cada vez más– en un Estado que, pagará crecientemente esas obligaciones patronales con recursos fiscales puestos por todos para el beneficio exclusivo de unos cuantos. Se sigue deslaboralizando la seguridad social: viejo anhelo tecnocrático de Santiago Levy que avanza un poco más.
Pero nada de esto está al alcance técnico de Esquivel. No sorprende; en noviembre 2010 escribio:́ “empecemos por el principio: Santiago Levy es, por mucho, el economista mexicano más completo de su generación” ( Nexos 390).
Luego integró (2012) el panel de expertos con que el Centro de Estudios Espinosa Yglesias difundió su primera iniciativa para deslaboralizar la seguridad social: reformas a la hacienda pública y al sistema de protección social. Siguió una segunda en 2017. Ambas inspiradas en las propuestas Levy para implantar una seguridad social “universal”.
En 2015, siguiendo a Levy, Esquivel recomendó en Desigualdad extrema en México un “auténtico” Estado social “más” amplio que ese “caduco” Estado de Bienestar. Que “asegure” a sus ciudadanos, por el simple hecho de “serlo”, acceso a un “mínimo” de derechos sociales: a salud y a servicios hospitalarios “mínimos”. El gasto público “podría” garantizar la existencia de un “piso mínimo deseable” en la provisión de servicios de educación y salud.
En agosto 2018, desde el Instituto Belisario Domínguez, consideró “avanzar” en la implementación de algunas reformas peñistas “adicionales que se tienen que hacer”, como la reforma “pendiente de pensiones”. Se comprende de suyo que, con semejantes credenciales, el po-rrista Esquivel quedará automáticamen-te descartado para gobernar el banco central.
Pero el asunto de fondo es que ese porrismo interesado, muy poco ayuda a fortalecer el debate sobre nuestro comprometido desafió pensionario en curso. En efecto, el referido decreto deriva de una iniciativa presidencial (25/9/20) que porta una exposición de motivos que opera como oda al individualismo enteramente ajena a la economía moral que pregona la 4T y a sus clases medias “solidarias”.
Además el articulado del decreto introduce un nuevo régimen de financiamiento profundamente perverso y lesivo para la gran mayoría de los trabajadores. Régimen que dará muy poco sólo a algunos, pero con muchos más recursos fiscales, comprometiendo simultáneamente y de raíz el tripartismo que caracteriza a la seguridad social.
Así que, más allá de las pensiones vistas desde la interesada mirada de Banxico, lo que está puesto sobre la mesa, continúa siendo el debate sobre la urgencia de dotar a México de un sistema pensionario deseable.
Después de que AMLO sólo pospusiera temporalmente la explosión del sistema Afore en el Apartado A, sigue que ahora cumpla la oferta –comunicada en conferencia matutina, 23/7/20– para que, en el caso del Apartado B (que ampara a los trabajadores al servicio del Estado), se inicie un remodelaje pensionario profundo que le abra un futuro diferente al del comprometido Apartado A, deliberadamente soslayado por los interesados porristas de Banxico, como Gerardo Esquivel.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
