Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros, coincidieron en que a 10 años de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aún está pendiente garantizar el acceso a la justicia y la protección a las víctimas y la incorporación del principio pro persona en la reglamentación de la CNDH.

En un conversatorio en la materia, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH, expuso que frente a las acciones positivas que ha traído la reforma, como la modificación de leyes para incrementar la protección a los derechos humanos, se observa la permanencia de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa así como la decisión de disponer de la fuerza armada en tareas de seguridad pública.

“El arraigo ha sido cuestionado por diversos organismos internacionales de derechos humanos hasta convertirse hoy en la figura constitucional más observada”; no obstante se mantiene, “aunque es cierto que su uso disminu-ye”, dijo.

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, señaló que la reforma al artículo primero constitucional de hace 10 años permitía ampliar el mandato de este organismo al incorporarse el principio pro persona en defensa y promoción de los derechos humanos. Sin embargo, la modificación “ha sido dejada de lado en la práctica, lo que hace necesario tomar medidas” para armonizar la ley de este organismo nacional.

Añadió que la reforma de 2011 “fue trascendente pero falta mucho aún para asegurar su plena vigencia, y es compromiso que esto sea una realidad”.

lán García, oficial de derechos humanos de la ONU-DH, mencionó que “el acceso a la justicia y la protección a las víctimas perdura como una asignatura pendiente”. Los niveles de impunidad, indicó, “siguen siendo alarmantes”, las investigaciones distan de ser expeditas. En el ámbito de la protección “los procesos de revictimización no son aislados”, dijo.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, resaltó la importancia de que los servidores públicos “incorporen en el bagaje de derechos humanos plasmados en la reforma constitucional y en los instrumentos internacionales en su trabajo”.