Ciudad de México. A poco más de cuatro meses de instalarse el campamento migrante denominado “El Chaparral”, en Tijuana, con aproximadamente 3 mil personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró el llamado a las autoridades correspondientes a que establezcan las medidas necesarias para brindar seguridad y protección para quienes se encuentran en el interior y en las inmediaciones del lugar, y así evitar que se ponga en riesgo su seguridad, sus bienes, su integridad física y su vida.

En un comunicado, expuso que las personas que cohabitan en dicho asentamiento en espera de noticias de las autoridades estadunidenses sobre la apertura de los procesos de asilo, actualmente están en condiciones de hacinamiento y mayor vulnerabilidad. “Dentro de los asuntos desatendidos por las autoridades destacan el reciente retiro de baños y regaderas portátiles, que provoca un grave conflicto sanitario y de salud, no sólo para la población migrante, sino también para los vecinos de la colonia Federal”, indicó.

Además, señaló, la falta de alimentación ahonda su precaria condición, y tampoco se han instrumentado medidas efectivas y permanentes para prevenir la propagación del virus SARS-CoV2.

La CNDH manifestó especial preocupación por las niñas y los niños, poco más de mil en ese lugar, ya que “algunos son enviados a pedir dinero a la línea de cruce fronterizo, mientras que otros son potenciales víctimas de abuso sexual y unos más, los lactantes, carecen de fórmulas lácteas para su alimentación”.

No escapa a nuestra atención -continuó- “la llegada al campamento en los últimos meses de población en contexto de desplazamiento interno forzado, huyendo de la violencia criminal que asola a los estados de Michoacán y Guerrero, principalmente, sumándose problemas con el paso del tiempo sin que se vislumbre una solución de alojamiento alternativo y de servicios a los migrantes del campamento, conforme a la dignidad humana”.

La CNDH refirió que desde el inicio del campamento, ha enviado personal para documentar y orientar de manera permanente a personas migrantes en relación con sus necesidades de todo tipo. “El pasado 20 de marzo se emitieron medidas cautelares a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sin que se advierta un compromiso eficaz y completo para su cumplimiento por parte del gobierno del estado de Baja California, el Instituto Nacional de Migración y la presidencia municipal de Tijuana”, agregó.

Actualmente, señaló, se integra un expediente de queja y se ha solicitado reiteradamente a las autoridades que actúen oportuna y eficazmente, y con ello garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en movilidad.