El juez Ghanter Alejandro Villar Ceballos ordenó posponer para el 18 de octubre la audiencia inicial contra 25 ex funcionarios del sistema penitenciario federal que presuntamente tuvieron alguna responsabilidad en la firma de contratos con los cuales se concretó la construcción de ocho prisiones federales en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por los cuales se acordó un pago de más de 270 mil millones de pesos.
La razón fue que apenas un día antes de la diligencia el Ministerio Público Federal entregó copia de las investigaciones a los defensores de cada uno de los señalados, con lo que afectó su derecho a la defensa.
Fuentes judiciales revelaron que la audiencia en la que los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentarían los cargos contra los 25 ex funcionarios citados no se desahogó porque en la videoconferencia sólo estaban 24 de los imputados, y los agentes del Ministerio Público tuvieron que reconocer que no se notificó a Francisco Raúl Rincón Gallardo, quien se desempeñaba como director general adjunto en la Dirección General en Administración.
El compromiso era que la FGR presentaría a todos los implicados en la carpeta de investigación, mencionaron los entrevistados.
Otro de los factores para que los representantes legales de los señalados se quejaran de la actuación ministerial fue que hasta el martes les entregaron las constancias con las cuales se construyó el caso y no precisan las acusaciones de manera individualizada, por lo que hubo otra queja por la falta de garantía a una defensa adecuada.
Los litigantes exigieron que se pospusiera la audiencia inicial, se les diera un plazo para analizar los documentos y poder responder a las imputaciones en cada caso.
La indagatoria fue realizada por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que originó la causa penal 45/2021. Por este caso, en marzo se libró una orden de captura contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón.
