Managua. Familiares de casi una veintena de opositores arrestados en Nicaragua en el último mes demandaron el jueves al gobierno de Daniel Ortega que les permita “verlos y saber dónde están y cómo están”, y que les autorice el ingreso de alimentos y medicinas a la cárcel de El Chipote, donde se cree que fueron recluidos.

Durante una rueda de prensa virtual, los parientes de 16 detenidos, varios de ellos aspirantes a la presidencia en las elecciones del siete de noviembre, dijeron temer por su salud y por su vida. La mayoría de los prisioneros son personas mayores de 50 años y algunos tienen enfermedades crónicas.

“Llevamos 11 días sin verlo, no lo dejan hablar con su abogado y sólo nos dejan pasarle agua. ¿Por qué es, lo tienen golpeado?”, se preguntó

La joven aseguró que la salud de su padre, de 68 años, “se ha deteriorado mucho” pues padece hipertensión arterial y según les informaron en el penal ahora sufre de vértigos. “Quiero que nos dejen verlo porque es un derecho humano”, agregó Tinoco.

Victoria Cárdenas, esposa del aspirante presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, dijo que tampoco le han permitido visitar a su marido, y que no tiene certeza de que esté efectivamente en El Chipote, un reclusorio ubicado en la zona sur de Managua donde funciona la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía.

“No sé dónde está ni cómo está mi esposo… estamos desesperados, desamparados”, exclamó Cárdenas con angustia.

El gobierno no ha revelado la ubicación de los 19 opositores detenidos desde el pasado 27 de mayo y por esa razón sus parientes los consideran “desaparecidos”. Además de Chamorro, fueron arrestados los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Cristiana Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliar desde el 2 de junio.

“Nosotros suponemos que están en El Chipote, pero no hay ninguna garantía ni evidencia de que eso sea así”, expresó la periodista Berta Valle, esposa del aspirante presidencial opositor Maradiaga, detenido también el 9 de junio. Valle, quien salió al exilio hace más de un año, dijo que su marido padece problemas de presión y ella no sabe si está recibiendo los medicamentos que se le recetan.

Opiniones similares expresaron familiares de los dirigentes políticos antisandinistas Violeta Granera y José Pallais, ambos mayores de 60 años. “La preocupación se va convirtiendo en angustia, nos han conculcado el derecho humano de verlos”, dijo Jilma Herdocia, esposa de Pallais.

“En los últimos dos días solo han permitido entregarles el agua que les llevamos, nada de alimentos, y eso también es una forma de tortura”, acotó Julio Sandino, hijo de Violeta Granera, detenida el 8 de junio.

Por su parte, Ana Lucía Alvarez, hermana de Tamara Dávila y sobrina de Ana Margarita Vijil y Dora María Téllez, todas dirigentes del movimiento Unamos (antes Movimiento Renovador Sandinista, MRS), dijo que teme que sus familiares sean objeto de violencia sexual “porque las cárceles son lugares particularmente peligrosos para las mujeres”.

Dora María Téllez, una conocida ex comandante guerrillera sandinista que dirigió el MRS, tiene 65 años. Su colega de armas Hugo Torres, exgeneral del ejército sandinista que fue arrestado el 13 de junio, tiene 73 años.

“Queremos verlos para constatar cómo están, nos preocupa también el Covid-19”, dijo Xenia Barahona, hermana de la presidenta del MRS, Suyén Barahona.

Tras las protestas sociales de 2018, que Ortega y su gobierno calificaron como “un fallido golpe de Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA documentaron casos de violencia sexual contra personas detenidas en El Chipote. El gobierno ha negado esas denuncias.

La revuelta social fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares, con un saldo de 328 muertos, más de dos mil heridos, unos mil 600 detenidos en distintos momentos y más de 100 mil exiliados y emigrados, según cifras de la CIDH. Según la oposición, el total de “presos políticos” en la actualidad asciende a 132 personas.

Hablando la noche del miércoles en un acto partidario, Ortega se refirió por primera vez a los arrestos masivos de opositores y aseguró que no fueron detenidos “por ser candidatos” sino por ser “criminales” y “agentes del imperio yanqui”, que preparaban “otro golpe de Estado” para derrocarlo. “Aquí el único criminal es Daniel Ortega, responsable de la muerte de más de 300 personas”, replicó Cristian Tinoco.

Daniel Ortega, de 75 años, gobernó por primera vez de 1985 a 1990, durante la revolución sandinista, y fue derrotado en las urnas por Violeta Chamorro. Volvió al poder en 2007, fue reelegido en 2011 y 2016 y ahora aspira a ganar las elecciones para iniciar un cuarto mandato consecutivo en enero de 2022.