La pandemia de Covid ha impulsado un consenso muy amplio que reconoce, por un lado, que el patrimonio y el ingreso de los más ricos del mundo, incluidos los mexicanos, creció, en tanto que la riqueza mundial disminuía, lo que significa que aumentó significativamente la proporción de esta riqueza de la que se apropian estos superricos. Por otro lado, el FMI, la OCDE, el G-7 y el G-20 así como organismos no gubernamentales y estudiosos, como Emmanuel Saez, Zuckerman, Thomas Piketty y muchos más, reconocen que es necesario fortalecer la capacidad de acción de los estados nacionales incrementando los ingresos fiscales mediante impuestos. En particular, se ha propuestos establecer impuestos especiales a los superricos y fijar un piso tributario internacional de 15 por ciento a las grandes corporaciones multinacionales.
La información sobre el incremento de la riqueza de los superricos señala que, en 2020 en México, el uno por ciento de la población concentró 31 por ciento de la riqueza nacional, en tanto que con sus ingresos casi 40 por ciento de las familias del país no puede comprar la canasta básica alimenticia. Sabemos, además, que en México se recaudan menos impuestos que en paraísos fiscales, como Luxemburgo, Singapur y los Países Bajos. De acuerdo con el Banco Mundial, en 2019 en México se recaudó 13.3 por ciento del PIB, en tanto que en Luxemburgo esta proporción fue del 26.2 y en los Países Bajos de 24.1 por ciento. Esta situación, que comparte América Latina, ha llevado a que el FMI proponga que nuestros gobiernos deben hacer que los ricos paguen mucho más impuestos.
El consenso global alcanzado ha acordado establecer un impuesto mínimo global que fije el piso tributario e impida que los gobiernos compitan por cobrar la menor tasa. Lo firmaron los jefes de gobierno del G-7 y lo harán los del G-20, grupo del que forma parte México, lo que indica que en nuestro país se aplicará. Además, según la OCDE, resulta que en México los ingresos por trabajo junto con los otros gravámenes al ingreso “pagan 23 veces más que los impuestos a la propiedad”. Así las cosas, 44 centavos de cada peso de ingresos tributarios provienen del impuesto sobre la renta y otros 36 centavos se obtienen por el IVA. México es un país que presenta disparidades mayores en sus estructuras tributarias en relación con los países miembros de ese organismo, en los que se incluyen Chile y Colombia.
Habiendo aceptado México la aplicación de la tasa mínima a los grandes consorcios, buscando allanar el camino hacia el cobro de este impuesto, la jefa del SAT informó que en nuestro país las grandes corporaciones pagan muy bajas tasas efectivas de impuestos. De modo que, según ella, no es necesaria una reforma fiscal, si logra cobrarse lo que debiera ser recaudado estaríamos obteniendo $ 200 mil millones adicionales, equivalentes al uno por ciento del PIB. Estos ingresos adicionales permitirían que las finanzas públicas siguieran siendo sustentables. Es evidente que no es así. Los ingresos tributarios son absolutamente insuficientes, aun con ese pago de impuestos que deberían hacer y no hacen.
La oportunidad para reformar las desiguales estructuras tributarias de nuestro país esta claramente abierta. Es deseable, y posible, que en el país se pudiera discutir el asunto decidiendo actuar en los siguientes asuntos fundamentales: 1. Estableciendo gravámenes adicionales a ingresos anuales superiores a un millón de dólares que, según el banco de inversión Credit Suisse, lo logran apenas 263 mil mexicanos, el 0.3 por ciento de los adultos del país. 2. Reconociendo que es indispensable incrementar sustancialmente las contribuciones a la seguridad social, que hoy significan sólo 13.4 por ciento de los ingresos tributarios, cuando en países como Estados Unidos llegan a 40 por ciento de los ingresos tributarios federales. 3. Incrementando el aporte tributario que debiera recibirse de los impuestos al patrimonio, que actualmente representa 2 por ciento de la recaudación total, equivalente a 0.3 del PIB.
Lo cierto es que hay espacio político y un amplio consenso para que en México pudiera plantearse una verdadera reforma fiscal. Insistir en que sin esta reforma las finanzas públicas son sustentables, es aceptar que seguirá siendo muy limitada la capacidad de acción estatal para revertir la tremenda desigualdad existente. Perder una oportunidad como esta va a resultarle muy costoso al país y, por supuesto, a quienes en el discurso se han colocado en el centro de las preocupaciones gubernamentales.
