Son varias las contrariedades que enfrenta la consulta genérica sobre eventuales responsabilidades de políticos del pasado.

A treinta y ocho días de un ejercicio inédito, operativamente complicado y demandante de muchos recursos humanos y económicos, aún hay una gran carga de incertidumbre sobre ese proceso en sí y en cuanto a la factibilidad de cumplir con una decisión ciudadana que llegase a ordenar el “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas” (así reza el texto aprobado por la Corte).

La consulta, que ambiciosa pero impropiamente es promovida como si se centrara en buscar juicio a ex presidentes de la República (cuando el universo alcanzable conforme a la pregunta oficial es amplísimo), requiere que 40 por ciento de los facultados para elegir lo hagan. Es decir, 37.5 por ciento de ellos. En los comicios del pasado 6 de junio la participación ciudadana fue de 52.6 por ciento, para designar diputados federales.

Para el estreno de este ejercicio cívico, el Instituto Nacional Electoral había solicitado mil 499 millones de pesos, que le permitirían instalar 104 mil casillas en todo el país. Dado que no le aprobaron ningún presupuesto especial, el INE gastará 528 millones de pesos (provenientes de ahorros, se informó), que alcanzarán para establecer entre 50 y 59 mil casillas.

Por lo demás, y aun cuando ayer el Presidente de México sintetizó las causas por las cuales deberían ser procesados los ex mandatarios de la República, él mismo se abstendrá de votar, pues no está en favor de este eventual procesamiento, sino de un “punto final”, que deje el tema sin mayores consecuencias.

De hecho, la eventual falla de este proceso, por falta de votantes o por desorganización operativa (desde ahora convenientemente adjudicada al INE), terminaría permitiendo al habitante de Palacio Nacional cumplir, con cargo a una consulta popular, su prefigurada decisión de no ir contra los ex presidentes. Pero, consulta, que algo queda.

A la hora de cerrar esta columna no había información oficial sobre una singular reunión, cuya importancia y trascendencia deberían haber obligado a dar inmediato reporte de lo ahí tratado. En tal sesión habrían participado el Presidente de la República, el hombre más rico del país y dueño del grupo empresarial responsabilizado de fallas constructivas en el tramo accidentado de la línea 12 del Metro y la jefa del Gobierno capitalino.

Si el motivo de esa cumbre dorada fue justamente lo relacionado con los hechos en que murieron 26 personas, mucho habría ayudado que López Obrador, Slim y Sheinbaum informaran de inmediato, pero Claudia, por ejemplo, cantinfleó para no decir nada sobre tal encuentro y sus acuerdos.

En una más de sus reflexiones sobre el tema, el presidente López Obrador dijo ayer en su conferencia mañanera de prensa: “... estamos hablando de una clase media solidaria, fraterna, no ladina y, repito, no aspiracionista. Claro que hay que superarnos, pero no volvernos egoístas y aspirar a ser fifí, toda esa vida vacía, del lujo barato, y apostar todo a lo material, a triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”.

Los planteamientos presidenciales se produjeron al criticar las posturas de un nuevo destinatario de los dardos en Palacio Nacional, que terminan por dar reflectores a personajes impresentables, como Gabriel Quadri, diputado electo por un distrito de Coyoacán, quien, dijo el político tabasqueño, “seguramente debe ser doctor o académico de altos vuelos, y se admira, se profesa cierto respeto por los grados académicos, que son ya como grados monárquicos; algunos sí, pero la mayoría no”.

Y, mientras Mario Delgado se reunía ayer con senadores morenistas, algunos de los cuales le reprocharon las maniobras de politiquería que dañaron al partido guinda, ante lo cual el ebrardista consideró que, debido a conflictos internos, faltó tiempo para procesar candidaturas, ¡hasta mañana!

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