El gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, aprobó un indulto a los nueve políticos y activistas catalanes que cumplen condena por su participación en la declaración de independencia de octubre de 2017. En una declaración institucional, el mandatario señaló que la medida supone el primer paso para la “concordia” y el “diálogo” entre Cataluña y España, y en este mismo sentido se manifiestan los expedientes oficiales al explicar la gracia como necesaria para “restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española”.
Los indultos y la inminente liberación de los separatistas encarcelados son, sin duda, positivos, tanto en el ámbito político como en el de los derechos humanos: en el primero, porque representan una desescalada histórica en las tensiones entre Madrid y Barcelona, así como una oportunidad inédita para encarar el conflicto catalán dentro del marco democrático; en el segundo, porque ponen fin a la clamorosa injusticia de mantener a nueve personas en prisión sin más motivo real que sus posturas políticas.
Debe reconocerse al presidente Sánchez la estatura institucional al emprender una vía a la que se oponen no sólo el conjunto de la derecha –que ya amenazó con recusar la medida y judicializar a quienes la aprobaron–, sino una buena parte de sus correligionarios y una mayoría de la población, intoxicada por un omnipresente discurso de intransigencia centralista.
Sin embargo, este contexto adverso ha limitado el margen de maniobra del Ejecutivo y despojado al indulto de un carácter plenamente justiciero. Ejemplo de ello es que se hayan eliminado las penas por el delito de sedición, pero se mantengan las de malversación, lo que se traduce en que sigue pesando sobre los implicados la inhabilitación para ejercer cargos públicos; mientras la condicionante de que los agraciados no delincan entre los tres y los seis años próximos es, en los hechos, una amenaza de rencarcelamiento si retoman sus actividades políticas.
Con todas sus virtudes y límites, el indulto deja intacto el fondo del problema: la incapacidad de la estructura política y constitucional española para procesar en el marco de la democracia y la legalidad las demandas independentistas de pueblos como el catalán y el vasco. Para abordar este desafío, además de la reforma constitucional que ya se ha planteado desde la administración de Sánchez, se requiere un profundo cambio de mentalidad en la clase política y la ciudadanía a fin de superar, de una vez por todas, el centralismo imperial que sigue marcando sus reacciones.
