Managua. El periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios, director del diario Confidencial y del programa televisivo Esta Semana, confirmó ayer que se exilió luego de que la policía nacional allanó su vivienda la noche del lunes, en medio de una ola de arrestos contra figuras y precandidatos presidenciales opositores al gobierno de Daniel Ortega, a menos de cinco meses de las elecciones en Nicaragua.

Con él suman seis personalidades que toman el camino del exilio desde el pasado fin de semana. Lo hizo junto con su esposa, Desirée Elizondo. También abandonaron el país el ex comandante sandinista y economista Luis Fernando Carrión Cruz, con su esposa, el periodista Sergio Marín Cornavaca, y el fin de semana el ex ministro de Educación Humberto Belli, informó el diario La Prensa.

Carrión Cruz, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista (1979-1990) y dirigente de la opositora Unión Demócrata Renovadora, tuiteó que salió del país con su esposa para “continuar la lucha por la democracia en Nicaragua y la libertad de todos los presos políticos”.

El reconocido escritor y ex líder sandinista Sergio Ramírez, quien se encuentra en Estados Unidos, donde recibe un tratamiento médico, declaró al diario argentino Clarín que valora no regresar al país.

Carlos Fernando Chamorro, sin revelar su actual paradero, tuiteó: “salimos de Nicaragua para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiré haciendo periodismo, en libertad, desde fuera de Nicaragua”.

Señaló que en el allanamiento en su casa en Intermezzo del Bosque, en las afueras de Managua, participaron 50 efectivos y se extendió de las 20:30 horas a la medianoche (local).

Aunque ni él y ni su esposa se encontraban durante el operativo, el periodista aseguró que su cuñada Amelia Elizondo y la trabajadora doméstica Amparo Castillo fueron interrogadas y despojadas de sus celulares. “Los policías no dejaron un acta de los bienes y documentos que incautaron ilegalmente”, precisó.

Hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado por la dictadura somocista en 1978, relató que “tres vehículos con civiles a bordo mantuvieron vigilancia afuera de la casa de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro (de 91 años), hasta la 6 de la mañana de este martes”.

Al exigir el cese al “asedio policial”, Chamorro, laureado hace poco con el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria profesional, demandó “la liberación de los 19 rehenes electorales del régimen, y de más de 120 presos políticos”. Exigió “el levantamiento del estado policial, y que se restablezcan las libertades de reunión y movilización, de prensa y expresión”.

El pasado día 8, Chamorro acusó que Daniel Ortega, quien busca relegirse en los comicios del 7 de noviembre para un cuarto mandato, comenzó a ejecutar “un nuevo golpe de Estado contra el derecho constitucional de los nicaragüenses a elegir y ser electos en libertad”.

El director del Confidencial, junto con su esposa y otras siete personas, regresó a Nicaragua el 25 de noviembre de 2019, tras casi 11 meses en el exilio en Costa Rica, con la intención de “asumir el riesgo” de continuar haciendo periodismo en su país, señaló la publicación en su página web.

El gobierno de Ortega no ha informado los delitos imputados a Chamorro para allanar su domicilio, pero lo acusó de supuesto lavado de dinero en un comunicado enviado hace unas semanas a las embajadas acreditadas en Managua. Él está vinculado a la causa en contra de su hermana, la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, a quien acusan de lavar dinero a través de la clausurada fundación Violeta Barrios, y quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado día 2.

Carrión es el primero de los antiguos comandantes de la revolución enfrentados a Ortega que anuncia su exilio. Ambos fueron compañeros de lucha en la insurrección contra el dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979.

Cuando en abril de 2018 miles de personas salieron a las calles en rechazo a una reforma en al sistema de seguro social, y la represión dejó más de 300 muertos según ONG y medios locales opositores, el ex comandante Carrión recomendó a Ortega renunciar.

Al año siguiente criticó que el presidente solamente aceptaba negociaciones para “neutralizar” las sanciones económicas de la comunidad internacional contra sus familiares, empresas y allegados, pero no para resolver la crisis sociopolítica.

Los exilios se anuncian en el contexto de la escalada contra opositores, incluidos precandidatos presidenciales, líderes políticos y periodistas bajo el paraguas de una serie de leyes punitivas aprobadas en 2020, ante las elecciones generales previstas para el 7 de noviembre próximo.

Más aprehensiones

María Fernanda Flores Lanzas, esposa del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), y el periodista deportivo Miguel Mendoza fueron detenidos ayer por presunta comisión de delitos contra el Estado, reportó la policía nacional. La cifra total de líderes opositores detenidos las últimas semanas asciende a 19, entre ellos cinco precandidatos presidenciales, reportó el diario La Prensa.

Todos estos arrestos están sujetos a una ley que permite enjuiciar a quienes cometan actos que “atenten contra la independencia y soberanía” de Nicaragua e “inciten a la injerencia extranjera”.

La cascada de aprehensiones comenzó el pasado día 2 con el arresto domiciliario de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro. También están detenidos otros cuatro precandidatos presidenciales, el ex diplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana, y el periodista Miguel Mora, así como dos empresarios.

El canciller Denis Moncada declaró a Telesur que las detenciones de los precandidatos no son “políticas”, sino porque promueven un “golpe de Estado”.

“Son delitos que están relacionados con el encabezamiento y la dirección de golpes de Estado, actividades vinculadas con el terrorismo, menoscaban la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense”, sostuvo el diplomático.

Agregó que piden “intervenciones militares, demandan sanciones contra el Estado y contra nuestros ciudadanos”, lo que la ley considera “traición a la patria”.

“Quienes están siendo procesados no son candidatos presidenciales, son directivos de ONG que reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, y los destinan, precisamente, para desestabilizar el país”, denunció.

Apuntó que los arrestos “no son por razones políticas, sino por indicios en la comisión de delitos especificados claramente en las leyes de Nicaragua”.