En el contexto de la pasada visita de la vicepresidenta de Estados Unidos (EU), Kamala Harris, a Guatemala, donde instó a centroamericanos a que “no vengan” a su país, ella también puso énfasis en que hay que atacar el problema de la migración desde las “causas raíz” ( root causes), un tema central de la administración Biden hacia la región. Aunque es esencial atender las causas estructurales que llevan a miles de personas a huir de sus países de origen, se ha cooptado este concepto para eludir la responsabilidad estadunidenese en la crisis económica y social de los países del Triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). Culpar a la pobreza y la violencia es atacar síntomas, sin llegar a las raíces. ¿Quién ha empoderado a esos gobiernos y a las plutocracias de esos países, ayudando a derrocar gobiernos democráticamente electos en el pasado? Estados Unidos. Y, ¿quién ha impuesto un modelo de “libre comercio” al servicio mayoritariamente de corporaciones estadounidenses que fomentan el despojo y la migración forzada? Estados Unidos.
En los últimos meses se han anunciado diferentes iniciativas de EU para apoyar a Centroamérica. En abril, la vicepresidenta Harris anunció que su país estaba otorgando 310 millones de dólares en apoyo humanitario para Guatemala, El Salvador y Honduras. Como parte de su proyecto de presupuesto enviado al Congreso estadunidense, la administración Biden solicita 861 millones de dólares en apoyo para Centroamérica para el próximo año fiscal como parte de su plan de destinar 4 mil millones de dólares a la región en cuatro años y como parte de su estrategia para atender a la migración. No es poco dinero. No obstante, mientras la administración Biden puede sentirse generosa hacia Centroamérica, tan sólo una empresa minera de Nevada –Kappes Cassidy & Associates (KCA)– tiene demandada a Guatemala por 400 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas de Inversiones del Banco Mundial (ver artículo de Jen Moore y Ellen Moore https://cutt.ly/vn0dFE1). KCA argumenta que el gobierno falló en proteger su mina de las comunidades locales que establecieron el plantón de La Puya en protesta por que la mina de oro contaminaría sus escasos recursos acuíferos. Son muchas más las demandas multimillonarias que países de Centroamérica enfrentan, o por las que son amenazados, bajo el capítulo 10 de protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y EU (Cafta).
En entregas pasadas he documentado cómo México está demandado por 4 mil 540 millones de dólares por tres empresas mineras bajo el TLCAN. El otorgamiento de privilegios y la camisa de fuerza que provocan los tratados de libre comercio (TLC) ocasionan la destrucción de medios de vida y la expulsión violenta de comunidades rurales e indígenas en toda Mesoamérica. El sistema de Arreglos de Disputas Inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) contenido en los TLC permite a empresas demandar a gobiernos por protecciones ambientales –comúnmente la defensa del agua– conseguidas mediante luchas sociales y el sacrificio de vidas. El ISDS es usado como instrumento neocolonial para disciplinar y castigar a gobiernos y proteger los intereses y las ganancias esperadas de las firmas trasnacionales. Los países de América Latina son el principal blanco de las empresas extractivas.
Pero no sólo los gobiernos son sujetos de demandas supranacionales. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha documentado cómo los defensores del ambiente y recursos naturales tienen que enfrentar poderosos intereses que buscan silenciarlos (https://bit.ly/2UimQZC).
Los Litigios Judiciales contra la Participación Pública (Slapp, por sus siglas en inglés) son una táctica usada por empresas para frenar a quienes se les oponen. Los Slapp pueden tomar forma de denuncia penal o demanda civil para intimidar, disuadir, llevar a la bancarrota y silenciar a sus críticos. El número más alto de Slapp se ha llevado a cabo en Latinoamérica (39 por ciento) y el segundo país del orbe, con 46 casos, ha sido Honduras. Un ejemplo en ese país es el de cuatro mujeres lideresas garífunas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) que enfrentan cargos penales desde 2017, cuando fueron acusadas de difamación y calumnia por una firma hotelera. Estas lideresas defienden la tierra ancestral garífuna de proyectos turísticos de empresas trasnacionales. Otro ejemplo en Honduras es el de los ocho defensores de guapinol encarcelados arbitrariamente desde hace casi dos años por defender sus recursos acuíferos ante el proyecto minero Los Pinares, asociado a capitales estadunidenses. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU ha instado al gobierno de Honduras a que ponga a los defensores de inmediato en libertad.
Si no se desmantelan las reglas neoliberales que otorgan privilegios desmedidos a las corporaciones trasnacionales, que destruyen medios de vida y generan violencia (que abordaré en una segunda parte de este texto), no se atenderán las raíces ni las causas de la migración.
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
Twitter: @ManuelPerezIPS
