El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, asegura que en el país hay una crisis de administración de agua. Señala que el bajo almacenamiento del Sistema Cutzamala –que abastece 33 por ciento del líquido del valle de México– ha sido uno de los más graves en su historia y dijo que, pese a las iniciativas que hay en el Congreso sobre la ley general de aguas, se debe hacer una nueva consulta. Anuncia que “obras abandonadas”, como la presa El Zapotillo, en Jalisco, se concluirán.

Sobre este proyecto, el funcionario indica que es “importante para el abastecimiento de agua potable” de Jalisco y Guanajuato; “hay varios problemas legales, pero lo más importante es el concepto social, la reubicación de un poblado (Temacapulín)”. Habitantes de esta localidad han señalado que con este vaso, el pueblo se inundará.

Se debe retomar el diálogo con los habitantes de la zona, principalmente agricultores y comuneros, para “continuar hasta su final” la construcción. “Hay que ver hasta qué límite será el embalse (si la cortina quedará en 80 o más metros). Es un problema social, que lo estamos tratando y reabriendo para poder continuar con la obra”.

En entrevista con La Jornada el funcionario, que desde el primero de junio es el titular de la Conagua, asevera que “tenemos la obligación de terminar toda obra de infraestructura iniciada en administraciones pasadas que no fueron debidamente administradas y concluidas”. Entre los pendientes también están las presas Santa María y Picachos, en Sinaloa, agrega.

Condición crítica

Martínez Santoyo destaca que “la sequía ha traído efectos negativos en el país, en la parte agrícola y en el abastecimiento de agua potable”. En Cutzamala “llegamos a una condición crítica, en la que tenemos que hacer programas de abastecimiento en coordinación con el estado de México y la Ciudad de México”. Asevera que este sistema, como cualquier otro, tiene periodos de abundancia de agua y de sequía.

Aunque hay varias iniciativas, incluida una ciudadana, sobre la ley general de aguas (pendiente de aprobarse desde hace ocho años) en el Congreso, considera que lo importante es la aplicación de la legislación vigente.

Explica que primero “se debe hacer un diagnóstico de qué tanto se cumplió y utilizó la Ley de Aguas Nacionales y luego ver la perspectiva que tienen diferentes grupos sociales”. Puntualiza que se debe hacer una consulta a la sociedad y dentro de la Conagua sobre la necesidad de establecer una nueva ley.

Martínez Santoyo subraya que es necesario que ya sea “una reforma o una nueva ley, debe quedar muy claro el derecho humano al agua y que se cumplan los preceptos del artículo cuarto constitucional”. Expone que la ley actual no prevé las diferencias entre las regiones del país, que son la árida, semiárida –como el centro del país– y la húmeda, entre las que hay una gran diferencia de disponibilidad de agua, y esto lo debe considerar la legislación.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que en el sureste, donde hay mucha agua, se desarrolle una importante zona económica. Esto tiene mucha lógica, cambiar el paradigma de seguir agotando los recursos en zonas donde antes había alta disponibilidad, pero ya no la hay. Si se decide cambiar por una nueva ley, tendríamos que ver todos estos aspectos, que no los he visto” en las propuestas.

El funcionario considera polémico el planteamiento de expertos de que el 2 por ciento de concesionarios concentran 70 por ciento de los permisos. “En el acaparamiento de concesiones y del uso indiscriminado del agua tiene que ver, más que el número de concesiones, la corrupción que ha existido históricamente”.