En los dos años pasados, una ex líder sindical, un empresario y dos ex funcionarios del sexenio anterior, estos últimos acusados del desvío de recursos públicos durante la gestión de Rosario Robles, han librado las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ha fallado para que se reponga el procedimiento o se anule la pena.
Uno de los referidos es Francisco Javier Báez, ex director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En febrero pasado, la sala superior del citado tribunal anuló la multa de 158 millones 662 mil 885 pesos y la pena de inhabilitación por 10 años para ejercer en el servicio público, sentencia que se le impuso en 2018. Los magistrados declararon fundados los argumentos respecto a una violación al procedimiento.
En abril, el pleno del tribunal revocó la resolución del órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social, en contra de Gustavo Rodríguez González, ex director de Comunicación Social de la dependencia y de la Sedatu. En 2018 lo inhabilitó por 10 años y le impuso el pago de 210 millones de pesos 493 mil pesos.
El TFJA resolvió que la autoridad fue omisa al no valorar de manera adecuada la información que proporcionó Gustavo Rodríguez.
Asimismo, la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, libró el pago de 16 millones de pesos por concepto de impuestos del ejercicio fiscal 2010. Sin embargo, la sentencia fue en el sentido de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) repusiera el procedimiento.
Gordillo Morales, que permaneció privada de la libertad cinco años, señaló que no obtuvo la posibilidad de ejercer de manera efectiva su garantía de audiencia, debido a que se encontraba presa.
En julio pasado, el TFJA aprobó la nulidad de la resolución en la cual el SAT pretendía cobrarle a Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, 108 millones 712 mil 397 pesos de impuesto sobre la renta, pues el tribunal confirmó que el SAT omitió notificar de manera oportuna a Yáñez el comienzo del ejercicio de sus facultades de comprobación.
