Entre 2013 y 2019 se emplearon 12 mil 739.6 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para reconstruir los bienes afectados por fenómenos fortuitos, como los sismos de septiembre de 2017. Pero, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría de Hacienda no pudo acreditar que con ese gasto los inmuebles reconstruidos recuperaran las condiciones que tenían antes del siniestro.
En la fiscalización de la cuenta pública 2019, la ASF encontró una deficiente operación en la asignación de recursos debido a una falta de actualización en los procesos.
Asimismo, se determinó la ausencia de instrumentos para verificar el cumplimiento del propósito del Fonden, lo cual representa un riesgo de opacidad y discrecionalidad en la operación.
Datos incluidos en el informe de la fiscalización de la cuenta pública 2019 refieren que en el periodo 2000-2018, los desastres naturales representaron un costo promedio anual de 2 mil 357 millones de dólares, de los cuales, 86.8 fueron daños y pérdidas a causa de fenómenos hidrometeorológicos, como tormentas y huracanes, mientras en 2018 el valor de los estragos fue equivalente a 0.06 por ciento del PIB, u 11 mil 112 millones 794 mil.
Para atender estos problemas, en 2019, el gobierno federal, por conducto de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad y Protección Ciudadana, operó el programa presupuestario Fondo de Desastres Naturales, por medio del cual erogó 5 mil 130 millones 33 mil pesos para canalizar recursos, vía las reservas financieras, destinados a la reconstrucción o restitución de los bienes afectados por determinado fenómeno natural, a fin de recuperar sus condiciones de operatividad.
Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, Hacienda presentó deficiencias e incumplimientos en la operación del Fonden, “debido a que no acreditó que se erogaron los fondos con eficacia y eficiencia, lo que propició que no se cumplieran sus objetivos” y tampoco se incluyeron medidas de mitigación para eventuales perjuicios futuros, como emplear normas de diseño o construcción que reduzcan la vulnerabilidad de la población general ante otras contingencias naturales.
Todo esto, indica la ASF, constituye un incumplimiento de la Constitución y otras normas, como los Lineamientos de Operación del Fondo de Desastres Naturales y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
