Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, confirmó en un acto en Barcelona que concederá el indulto a los nueve políticos independentistas catalanes que cumplen condena por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre del 2017.

El mandatario español fue abucheado e increpado tanto al entrar al mítico Líceo de Barcelona, el templo de la ópera en la capital catalana, como durante el acto por simpatizantes de la causa separatista, que reclamaron la amnistía y la autodeterminación y consideraron que la presencia del presidente español era un “acto colonialista intolerable”.

El presidente Sánchez había preparado un acto a su medida; en el Líceo de Barcelona, uno de los grandes referentes de la cultura catalana, con algo más de 300 invitados de la sociedad civil y del gobierno y en la víspera del Consejo de Ministros en el que aprobará los indultos a los políticos encarcelados y condenados a penas de hasta 13 años de cárcel.

Los primeros problemas llegaron unas horas antes, cuando el gobierno catalán en pleno rechazó la invitación y se negó a acudir al acto, así como los representantes de todos los partidos independentistas y españolistas, además de los representantes de las asociaciones separatistas que han sido clave en el movimiento a favor de la secesión.

En resumen, al acto que aspiraba a reunir a los principales representantes del separatismo catalán, sólo acudieron políticos afines al propio mandatario español, empresarios preocupados por la situación de quiebra económica que vive la región, y algunos representantes de la sociedad civil que abogan por el diálogo para la resolución del conflicto.

Además, a su llegado a acto fue recibido por una manifestación de unos 200 independentistas que le abuchearon y lo increparon, al tiempo que desplegaron una pancarta en la que se leía “amnistía” y “autodeterminación”. Ya en el interior del teatro, cuando confirmó lo que ya todo mundo daba por hecho -la concesión de los indultos- fue interrumpido por otro grupo de personas que le acusaron de “colonialista” y volvieron a reclamar la “amnistía” y la “autodeterminación” como únicas vías para la resolución del conflicto.

Pese a todo, el mandatario español siguió con su hoja de ruta y anunció que “podríamos continuar con el memorial de los agravios, podríamos volver a los reproches, recrearnos en los problemas, buscar nuevas causas o más culpables y seguir con la discordia, o dedicar nuestro tiempo y todas nuestras energías a resolver el problema y apostar por la concordia, que significa, literalmente, con corazón. Y eso es lo que el Gobierno de España ha decidido: afrontar el problema y buscar la concordia”. Es decir -añadió- “en los próximos días, la democracia española va a dar un gran paso para que se produzca ese reencuentro que es necesario y es urgente. Estoy convencido de que sacar a estas nueve personas de la cárcel, que representan a miles de catalanes, es un rotundo mensaje de la voluntad de concordia y convivencia de la democracia española”, subrayó.

Con esta decisión, el mandatario español y el Consejo de Ministros que aprobarán este martes los indultos dejarán en libertad a los nueve políticos independentistas que fueron juzgados y que se quedaron en el país para someterse a los tribunales españoles, entre ellos el ex vicepresidente catalán y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, y la ex presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, además de ex consejeros y los dos líderes de la sociedad civil que movilizaron a la sociedad a favor de la independencia unilateral, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El resto de acusados decidieron refugiarse en otros países por desconfianza en la justicia española, entre ellos el máximo líder del movimiento secesionista, el ex presidente Carles Puigdemont, que vive en Bélgica desde noviembre del 2017.

El propio Sánchez se comprometió a impulsar las medidas de gracia cuando suscribió los acuerdos parlamentarios que le permitieron ser nombrado presidente del gobierno, al tener como socios estratégicos tanto a la propia ERC como a los partidos nacionalistas vascos, como el PNV y EH-Bildu, que fueron muy críticos con las condenas a los políticos catalanes.

En las antípodas ideológicas, el grueso de la oposición en el Congreso de los Diputados expresó su frontal rechazo a la medida de gracia y anunciaron que presentaran todos los recursos legales a su alcance para evitarlos. También han surgido voces críticas a la medida en el seno del propio Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellas las de históricos dirigentes como el ex presidente Felipe González.