Salarios por debajo del mínimo necesario para tener alimentación, educación, salud y vivienda; reducción de prestaciones laborales y protección social; así como la inexistencia de contratos escritos o contratación por tiempo definido versus indefinido, hacen que la precariedad del empleo en México esté en su nivel más alto en dos décadas.
De acuerdo con datos de la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), al primer trimestre de 2021, unos 23.5 millones de trabajadores subordinados remunerados –aquel empleo asalariado, pero que abarca otras modalidades bajo las cuales al trabajo subordinado se le remunera también con otras formas de pago (en especie)–, ganan hasta dos salarios mínimos; es decir, 64.7 por ciento.
En el primer trimestre de 2021, 58.3 por ciento de los hombres subordinados ganaba dos o menos salarios mínimos, en las mujeres el porcentaje es 67.6, el cual se incrementó de manera acelerada en los últimos 20 años e incluso antes de la pandemia, en 2019.
Reporta también que el índice de pobreza laboral está aumentando porque hay más personas que ganan dos o menos salarios. Asimismo, es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que ganan dos o menos salarios mínimos.
Dentro de las variables para medir la precariedad laboral, la más preocupante es la de los salarios, advirtió Jesús Rubio, profesor Investigador Titular en el Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Esta variable tiene que ver con la inseguridad respecto de la continuidad del vínculo laboral con la empresa, la insuficiencia de los ingresos salariales, la degradación de la situación de trabajo y la reducción de la protección social.
“Las otras, contratos, seguro médico u otras prestaciones, han disminuido; el porcentaje de personas que no tiene acceso a servicios de salud, que carece de un contrato escrito y de otras prestaciones o que posee un contrato temporal, ha disminuido”, aseveró el especialista.
Menor poder sindical
La ENOE revela que de la población trabajadora subordinada, que ascendió a 36.3 millones en el periodo de referencia, 12.1 millones, no tiene prestaciones; mientras en 2005 eran 10 millones. “La seguridad social y la pérdida de seguridad social formal vienen acompañadas de la pérdida de empleo para el sector formal, y quienes laboran en el sector informal o se autoemplean carecen de protección social”, explicó Diego Vázquez, director de Investigación en Oxfam México.
En tanto, el menor poder que tienen los sindicatos también ha hecho que haya menos negociaciones colectivas, lo que ha provocado mayor precarización. Así, los salarios que se logran son menores o mucha gente no está agremiada y no puede tener los beneficios de sus pares.
